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… Y ahora Glas quiere verle la cara a la CIDH
Ilegítima, mangoaneable, útil a los intereses del colonialismo… ¿Qué no dijo Correa sobre la CIDH? Su campaña llegó al punto de desconocer las medidas cautelares que dictó esa comisión.
4Pelagatos 20/11/2017

Foto: 4Pelagatos
“Ahí donde algunos ven un terreno, yo veo una refinería”: esta declaración de Jorge Glas, hecha sobre el peladero donde el gobierno botó, con coimas, $1200 millones para la refinería del Pacífico, es elocuente: si el Vicepresidente ve una cosa, es porque hay otra.
Quizá esa es la forma como el correísmo se relaciona con la realidad: ahí donde Rafael Correa veía una mesa servida, hay un pésimo manejo de la economía. Ahí donde René Ramírez veía a Tesla invirtiendo $3.000 millones en Yachay, hay un engaño monumental. Y ahí donde el país ve coimas por $13.5 millones de Odebrecht, Jorge Glas ve una venganza… La retahíla puede ser inmensa.
Nada extraño, en esas circunstancias, que el abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas a favor de su cliente. Ni que Rosa Mireya Cárdenas, asambleísta correísta en el Parlamento Andino haya enviado un texto a la misma CIDH para respaldar las medidas cautelares pedidas por Franco Loor para Glas. Y no es extraño porque ahí donde los ciudadanos veían un organismo del sistema interamericano de Derechos Humanos, el correísmo veía una empresa recolectora de basura: Rafael Correa la comparó con Vachagnon, la empresa que hacía esa tarea en Guayaquil.
Durante años, Correa maltrató la CIDH. La mostró como un instrumento de la política imperialista de Estados Unidos. Maltrató a sus funcionarios. Los mostró como viles burócratas reducidos a cumplir órdenes de Estados Unidos, que según decía, era el único país que financiaba su actividad. Y como su sede está en Washington quiso anclar la idea de que, por eso, carecía de independencia.
Correa se esforzó en equiparar la actividad de esa comisión con un brazo jurídico al servicio de la derecha reaccionaria contra los gobiernos supuestamente progresistas de la región. A su parecer, la CIDH no defendía los derechos humanos: se inmiscuía en los asuntos internos de los países soberanos pretendiendo dictar políticas públicas.
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