Acuerdo de Escazú entrará en vigor en abril

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como de Escazú, entrará en vigor en Ecuador el próximo 22 de abril, informó este martes la Cancillería ecuatoriana.

Acuerdo de Escazú entrará en vigor en abril / foto EFE

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como de Escazú, entrará en vigor en Ecuador el próximo 22 de abril, informó este martes la Cancillería ecuatoriana.

Rubricado por 24 países de la región, ese tratado alcanzó el viernes el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, precisó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región y del mundo que incluye disposiciones que protegen a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El pasado 21 de mayo de 2020, Ecuador se convirtió en el noveno país en ratificarlo, "fortaleciendo de esta manera el reconocimiento constitucional del derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad", indicó la Cancillería.

También reconoce ese documento el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a buscar, recibir o difundir información veraz y oportuna de los acontecimientos y procesos de interés general.

En la última reunión de estados signatarios del Acuerdo de Escazú, que se desarrolló el pasado diciembre, los estados parte resaltaron cómo la pandemia ha puesto aún más en evidencia la vinculación entre la degradación ambiental y la desigualdad económica y social.

Por ello, consideraron fundamental alcanzar pactos sociopolíticos entre todos los actores de la sociedad, a favor de la democracia, la igualdad y la sostenibilidad.

La Cancillería subraya que Ecuador cuenta con importantes herramientas alineadas con los objetivos del Acuerdo de Escazú, como el Contacto Ciudadano; el Sistema Unico de Información Ambiental; el Portal Único de Información Ambiental e Hídrica; los procesos de participación ciudadana en la elaboración de la Contribución Nacional Determinada (NDC) sobre Cambio Climático.

Señala asimismo la existencia de Mesas de Trabajo para proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), y el Código Orgánico del Ambiente, aprobado en 2018, que cuenta con una disposición expresa sobre el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.

En paralelo, el Gobierno lleva a cabo un proceso con el apoyo y participación de la sociedad civil, academia y cooperación internacional, de "Análisis de Congruencia Normativa, de Políticas Públicas e Institucional del Acuerdo Regional de Escazú.

El objetivo del mismo es identificar las reformas necesarias a nivel de normativa secundaria y políticas públicas e institucionales que faciliten la plena implementación del Acuerdo para contribuir de manera más amplia a la transparencia, prevención de la corrupción y fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, la gobernabilidad y la democracia ambiental.