Editorial 17/04/2013
ccoronelg@hoy.com.ec / Tuitter: @ccoronelg
Quienes no cumplieron con la remediación fueron los representantes de la empresa petrolera estatal
Hace un par de semanas visité las provincias del Oriente donde operó el consorcio Petroecuador-Texaco entre los años 1964 a 1992, para conocer personalmente los detalles de la demanda que algunos pobladores de la Amazonia interpusieron contra Chevron. Este primer detalle es importante: demandaron a Chevron y no a Texaco que fue parte de la operación; y, tampoco demandaron a la estatal Petroecuador, que hubiera sido lo lógico.
También es importante aclarar que al salir Texaco del Ecuador se hicieron varias auditorías que demostraron que las operaciones de esta compañía fueron conforme a las normas del país y estándares internacionales de producción de petróleo vigentes a esa época.
El consorcio Petroecuador-Texaco debía hacer la remediación que fue pactada. El acuerdo sí fue cumplido por Texaco que desembolsó más de $40 millones para remediar 162 piscinas de residuos y para otras labores adicionales. Concretada la remediación, en el año 1998 se firmó un acta que liberó a Texaco de cualquier responsabilidad futura y que invalida la acción de los demandantes.
Quienes no cumplieron con la remediación fueron los representantes de la empresa estatal; no me lo contaron, yo mismo visité algunas piscinas que luego de más de 20 años aún siguen sin remediarse. Petroecuador fue socio mayoritario con 65.5% del consorcio, esta empresa es responsable por su parte de lo que hizo antes del año 90 y los 21 años que vinieron después, donde es el único operador de esta zona.
Jueces ecuatorianos dictaron una sentencia que ordena a Chevron el pago de una indemnización por casi $9 mil millones y que se pretende ejecutar en varios países, valor establecido dentro de un proceso lleno de cuestionamientos sobre las actuaciones de ciertos funcionarios judiciales y los abogados de los demandantes. Evidencias de esto hay muchas en varias páginas de Internet y son de fácil acceso.
En los últimos días, Stratus Consulting, principal consultora ambiental de los demandantes, proporcionó declaraciones bajo juramento que describen en detalle la conducta inapropiada de los abogados de los demandantes y que no existe ninguna base científica que sustente sus reclamos. También están disponibles muchas horas de filmación que fueron eliminadas de un conocido documental sobre el caso que prueban que las decisiones judiciales de este proceso están viciadas.
Mi visita al lugar de los hechos y todas las evidencias que se han acumulado de este proceso fraudulento dan cuenta de la manipulación en todos los aspectos. Recordemos además que quienes están entre los demandantes y sus defensores no son ningunos santos.
Esta sentencia es ilegal e ilegítima porque pretenden aplicar normas actuales a un asunto del pasado, violando el principio de irretroactividad; demandan a Chevron y no a Texaco, aún cuando tampoco podrían porque esta última ya fue liberada de toda responsabilidad; tampoco demandan a Petroecuador que tuvo mayor participación en esa operación; se ha demostrado hasta la saciedad quiénes están detrás del caso y sus mañosas actuaciones; y, pretenden mediante estrategias comunicacionales, posible corrupción y apoyos políticos, ganar lo que en derecho no les corresponde.
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