"El tribunal internacional ha tomado medidas para prevenir los daños y perjuicios que resultarían de las acciones ilegales de los abogados de los demandantes", confirmó hoy a Efe el portavoz de Chevron para América Latina, Jim Craig. El portavoz expresó la satisfacción de la empresa por esta decisión, que por el momento la protege de cara a la sentencia que podría emitirse en las próximas semanas o meses en Ecuador sobre el caso de contaminación que la enfrenta a los pueblos de la Amazonía que la demandaron hace ya 18 años, así como a las autoridades ecuatorianas.

La decisión arbitral, que lleva fecha del pasado miércoles y que Chevron publicó en su web, ordena a la República de Ecuador que adopte "todas las medidas que estén a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la aplicación o reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron que se emita tanto dentro como fuera de Ecuador".

Este caso fue iniciado por los demandantes ecuatorianos -con el respaldo de abogados estadounidenses- en Nueva York en 1993, aunque una década después fue trasladado a Ecuador, donde recientemente quedó visto para sentencia.

En este litigio, residentes de la región amazónica de Lago Agrio reclaman una indemnización de 113.000 millones de dólares por daños medioambientales causados entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue posteriormente adquirida por Chevron.

En cambio, según la petrolera estadounidense, los daños son responsabilidad de la mala gestión de la compañía estatal Petroecuador, que asumió a mediados de los años noventa el control de los campos petrolíferos donde se produjeron derrames. "En Chevron nos complace esta decisión, pero sólo el Gobierno de Ecuador puede tomar las medidas necesarias para acabar con el fraude que se está perpetrando en su sistema judicial", reclamó el portavoz de la petrolera, que confía en que tarde o temprano el Ejecutivo ecuatoriano "afronte la sorprendente cantidad de pruebas de fraude que continúan saliendo a la luz".

En septiembre de 2009 Chevron -y su filial Texaco Petroleum- presentó una demanda de arbitraje ante La Haya conforme al Tratado de Inversión Bilateral entre Estados Unidos y Ecuador.