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Human Rights Watch señala infracciones a la independencia judicial en Ecuador

01/03/2014

La organización independiente Human Rights Watch, "dedicada a defender y proteger los derechos humanos" y que "da voz a los oprimidos y busca que los opresores rindan cuentas por sus crímenes" publicó una carta enviada al Presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador. La carta señala graves infracciones a la independencia judicial y cita ejemplos de interferencia por parte del Gobierno del Presidente de Ecuador Rafael Correa en el sistema judicial del país, así como de parcialidad en el proceso de designaciones judiciales. Desde hace mucho tiempo Chevron ha señalado preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial en Ecuador en el contexto de la demanda de Lago Agrio.

La carta dirige específicamente sus preocupaciones a la integridad de la Corte Nacional de Justicia, la misma corte que ratificó la @@sentencia@@ fraudulenta contra Chevron en noviembre del año 2013. La Corte Nacional de Justicia tomó esta decisión a pesar de las abrumadoras pruebas de fraude, soborno y @@corrupción@@ en el caso, violando una vez más las obligaciones internacionales del país y del estado de derecho. La carta señala asimismo otras infracciones que ocurrieron al mismo tiempo que se ventilaba la apelación de Chevron al veredicto del año 2011.

Human Rights Watch afirma que "durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política" y que en el año 2011 "el gobierno del Presidente Rafael Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial para abordar estos problemas crónicos".

Desafortunadamente, señaló la organización, este proceso de "reforma" ha llevado a todo menos a una reforma verdadera. Mientras que la organización dice que el Gobierno ha dado algunos pasos positivos, la formación temporal de un Consejo Transicional de la Judicatura y de un Consejo de la Judicatura Permanente de cinco miembros, ambos encargados de la designación de jueces, eleva nuevamente las preocupaciones acerca de la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial:

"el Consejo de la Judicatura también ha modificado sustancialmente la composición del poder judicial al designar y destituir a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que, según creemos, atentan contra la independencia judicial en el país".
 

La carta continúa:

"En el año 2012, El Consejo Transicional de la Judicatura nombró a los veintiún (21) miembros del tribunal de más autoridad de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a todos sus jueces sustitutos, a través de mecanismos carentes de la objetividad y la transparencia que señalan los estándares internacionales sobre independencia judicial".

"En 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición designó a los 21 miembros del más alto tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, así como a sus suplentes, aplicando para ello mecanismos que carecen de la objetividad y la transparencia exigidas por los estándares internacionales relativos a independencia judicial".

En un paralelo a las declaraciones y acciones del presidente Correa respaldando a los demandantes en el caso de Lago Agrio, la carta dice que, "el Presidente Correa en oportunidad del lanzamiento de su iniciativa de reforma judicial hizo declaraciones públicas que contribuyeron a dañar la ya debilitada independencia judicial".

La carta agrega que además, "la revisión del poder judicial estuvo a cargo de personas que, salvo un caso, son ex funcionarios del gobierno del Presidente Correa" y que "estos nombramientos, junto con las declaraciones de Correa, contravienen los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, que estipulan que "[u]n juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, si no que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable".

Human Rights Watch insta a Ecuador a que "adopte medidas para asegurar que cumpla con estándares internacionales en materia de independencia judicial". Chevron continuará buscando desagravios bajo las leyes internacionales dada la continua negación de justicia en Ecuador.

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