En un esfuerzo por frenar el avance de la minería ilegal y desarticular las redes criminales que operan en zonas estratégicas del país, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz, anunció que el Ejecutivo replicará el exitoso “Modelo Pataz” en la región de Cajamarca, con miras a iniciar su implementación durante el segundo trimestre de este año.

Durante una entrevista con Radio Líder de Cajamarca, el titular del sector detalló que esta estrategia, ya aplicada en la provincia de Pataz (La Libertad), combina acciones multisectoriales para restablecer el orden público, fortalecer el control territorial y enfrentar de manera directa a las economías ilícitas vinculadas a la extracción ilegal de minerales.

El Modelo Pataz se basa en la formación de un Comando Unificado que articula la intervención de las Fuerzas del Orden con diversas instituciones del Ejecutivo, estableciendo mecanismos operativos como rutas fiscales obligatorias, control de insumos con el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), y presencia sostenida en el terreno para cortar las cadenas logísticas de la minería ilegal.

Bravo destacó que, junto con este despliegue operativo, se trabaja en medidas legales más firmes para contrarrestar la actividad ilícita. En ese sentido, mencionó el Decreto Legislativo 1695, que amplía las sanciones para toda la cadena de la minería ilegal —desde la extracción hasta el transporte y comercialización— con penas que incluyen multas, inhabilitaciones y prisión de entre seis y nueve años.

El ministro también resaltó la importancia de promover la minería formal como un motor de desarrollo, recordando que en 2025 la inversión minera en Cajamarca superó S/150 millones, generando más de 22 mil empleos y aportando más de S/350 millones en canon y regalías a las arcas regionales. Según las autoridades, estas actividades formales coexisten con la ilegalidad y resultan clave para fortalecer la economía local y garantizar beneficios sociales y ambientales.

La decisión de extender el modelo de Pataz responde a la creciente preocupación por la expansión de la minería ilegal, un fenómeno que en Pataz ha desencadenado violencia, disputas territoriales y pérdidas económicas significativas para las empresas formales. Expertos advierten además que dicho modelo podría enfrentar retos operativos y logísticos, mientras que las organizaciones ilegales tienden a desplazarse hacia nuevas zonas de intervención si no se acompaña la estrategia con controles más amplios y sostenidos.

Con este anuncio, el Gobierno busca no solo frenar la minería ilegal en Cajamarca, sino también atraer inversiones formales y reforzar la seguridad, a la vez que se confronta a una problemática que ha crecido en alcance y sofisticación en varias regiones del Perú.