Preguntas Frecuentes

Chevron Corporation se está defendiendo de falsas acusaciones de ser responsable por supuestos daños ambientales y sociales en la región amazónica de Ecuador.

JuicioCrudo es la página web que muestra las perspectivas de Chevron Corporation sobre el fraude judicial perpetrado en su contra en Ecuador.

Chevron ha sido falsamente acusada de haber causado daños sociales y ambientales en Ecuador, país en el que nunca operó.

Texaco Petroleum Co. (“TexPet”) operó en Ecuador hasta 1990 como parte del consorcio CEPE-TexPet, del cual poseía 37.5% de la propiedad accionaria. En junio de 1992 y tras la finalización de la concesión, se acordó la ejecución de dos auditorías para que midieran los impactos ambientales de sus operaciones. Estas auditorías concluyeron independientemente que TexPet había operado de manera responsable y no había impactos ambientales significativos ni duraderos como resultado de las operaciones del antiguo consorcio.

Entre 1995 y 1998 TexPet remedió completamente su parte de las operaciones del consorcio y obtuvo una liberación total por parte de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de Ecuador de cualquier responsabilidad ambiental, extinguiendo todos los reclamos antes de que TexPet pasara a ser una subsidiaria indirecta de Chevron Corp. en el 2001.

Para 1993, abogados estadounidenses enjuician a Texaco Inc. en Estados Unidos por supuestos daños ambientales relacionados a la exploración y producción de petróleo en Ecuador, causa que fue rechazada en 2001 por la Corte de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, al no corresponder a la jurisdicción estadounidense. En 2003, un grupo de indígenas demandan a Chevron Texaco Corporation en la Corte de Lago Agrio, Ecuador, por la operación de Texaco como socio minoritario del Consorcio junto a CEPE (hoy Petroecuador).

El fraude contra Chevron en Ecuador fue planteado por abogados estadunidenses y financiado por fondos del alto riesgo y especuladores, quienes contrataron consultores, cabilderos y especialistas en relaciones públicas para fabricar pruebas y crear una narración falsa. Todas las evidencias científicas legítimas exoneran a Chevron Corp. y prueban que los sitios remediados no representan un riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

Steven Donziger es el abogado estadounidense que lidera el fraude contra Chevron junto a su equipo de abogados ecuatorianos. Creó un plan para extorsionar a Chevron con una estrategia de fraude judicial sustentada en ataques a la reputación de la empresa. En 2014, la Corte federal de Nueva York encontró a Steven Donziger responsable de obstruir la justicia, sobornar a autoridades judiciales, violar la Ley RICO, lavar dinero, manipular a testigos y fraude electrónico. Su objetivo era ganarse US$ 600 millones.

RICO, (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act por sus siglas en inglés), es la ley del Gobierno de Estados Unidos contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas. Bajo el amparo de esta ley, en 2011 Chevron demandó ante una Corte Federal de Nueva York a Steven Donziger por los actos ilícitos cometidos por él y su equipo para obtener la fraudulenta sentencia ecuatoriana.

Durante el juicio de siete semanas que inició el 15 de octubre de 2013, Chevron presentó pruebas contundentes de que el abogado norteamericano Steven Donziger organizó y puso en ejecución un esquema de fraude con el propósito de extorsionar a la empresa, obteniendo por medios ilícitos una sentencia en Ecuador que alcanzó la suma de 19 mil millones de dólares.

El 4 de marzo de 2014, el juez Federal Lewis Kaplan, emitió su fallo en relación con el proceso y dictaminó que la Sentencia ecuatoriana fue obtenida a través de medios corruptos y le prohibió a Donziger y sus socios beneficiarse de ella en Estados Unidos.

Chevron pretendía obtener de la corte de Estados Unidos una declaración que estableciera que la sentencia emitida contra Chevron en el caso en Ecuador fue producto de fraude y corrupción y, y por consiguiente, es ilegítima e inejecutable en dicho país.

Gracias a las cortes federales de Estados Unidos, se descubrió que el juicio ecuatoriano contra Chevron estuvo plagado de fraude y corrupción, derivando en una sentencia ilegitima. Chevron entabló una demanda bajo la ley anti-mafia RICO y, luego de tres años de recopilación de pruebas, se llevó a cabo un juicio donde el juez federal Lewis Kaplan escuchó testimonios de decenas de testigos y vio miles de documentos, correos, videos y otras evidencias, revelando el fraude, la falsificación de evidencia y el soborno cometido por Steven Donziger y su equipo.

Estos son algunas de las pruebas relevantes:

  • Se reveló el soborno de US $500.000 al juez ecuatoriano Nicolás Zambrano para que fallara a favor de los demandantes.
  • Daniel Lee Rourke, experto principal de los demandantes con respecto a daños por cáncer, declaró ante la corte estadounidense que Texaco no provocó que “ninguna persona contrajera cáncer”.
  • David Russell, científico ambiental principal de los demandantes, señaló que no vio “pruebas de ningún efecto de salud extendido provocado por la contaminación petrolera de Texaco” y que no había contaminación en las muestras de suelo ni de agua.
  • Se comprobó que los abogados de los demandantes presentaron a la corte informes falsificados bajo el nombre de Charles Calmbacher.
  • Los consultores de Stratus Consulting reconocieron su papel en la redacción del informe pericial del perito de la corte, Richard Cabrera.

Los abogados Steven Donziger y Pablo Fajardo, quienes han liderado desde 2003 el fraude contra Chevron.

Según los contratos, acuerdos de financiación y otros documentos obtenidos por Chevron a través de órdenes judiciales, los demandantes ecuatorianos no recibirían dinero alguno de la sentencia fraudulenta de Lago Agrio por USD $9.500 millones contra la empresa. Los documentos, en cambio, apuntan a que su abogado principal, el estadounidense Steven Donziger, recibiría casi USD $600 millones, mientras que su socio ecuatoriano, Pablo Fajardo, obtendría USD $190 millones. El resto de las ganancias iban a ser distribuidas entre financistas (basado en los acuerdos de financiación), abogados y asesores, gastos y tarifas administrativas, y el fideicomiso controlado por el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA), organización creada para liderarlas relaciones públicas que impulsan el fraude contra Chevron.

El plan de distribución de las ganancias, basado en documentos internos de los abogados demandantes, se describe en el siguiente gráfico:

Fraude contra Chevron en Ecuador

No. Chevron nunca ha mantenido operaciones petrolíferas en el Ecuador y, sin embargo, ha sido acusada falsamente de daños ambientales y sociales en la región amazónica de ese país.

En 1972 Texaco Petroleum Company (TexPet) comienza la explotación petrolera en Ecuador como parte de un consorcio donde a partir de 1976 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE, actualmente Petroecuador) asume el control mayoritario (62,5%).

Tras 20 años de operaciones, en 1992 se termina la concesión y se disuelve el Consorcio de CEPE con Texpet. De esta manera, Petroecuador se convirtió en el operador y dueño exclusivo de todas las instalaciones del Consorcio.

En octubre de 2001, una subsidiaria indirecta de Chevron (Keepep Inc.) se fusiona con Texaco Inc., que continúa existiendo como entidad jurídica distinta a Chevron.

El Estado ecuatoriano es el único responsable de los problemas ambientales y sociales que puedan existir hoy en la región amazónica del Ecuador.

La empresa estatal Petroecuador, que fue socio mayoritario del Consorcio CEPE (Petroecuador) – TexPet, se convirtió a partir de junio 30 de 1990 en el operador exclusivo de la antigua área de concesión en las provincias de Sucumbíos y Orellana, con un deplorable récord ambiental desde entonces.

A la terminación del Consorcio, Texpet remedió los impactos que le correspondía y fue liberada por el Gobierno ecuatoriano de toda futura responsabilidad. Por su parte, Petroecuador era responsable de remediar los pasivos ambientales restantes, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.

De hecho y aunque hace ya más de 9 años el Estado dejó de publicar datos oficiales de derrames e impactos ambientales en Ecuador, solo entre 1995 y 2011 Petroecuador registró al menos 1.983 derrames de petróleo – uno cada tres días durante 17 años - representados en más de 125.000 barriles, según cifras oficiales obtenidas por medios locales.

En los últimos 27 años, el Estado ha expandido sus operaciones en la región amazónica en casi 200%, perforando cientos de pozos adicionales, cavando más de mil piscinas para residuos y vertiendo al ambiente más de 16,6 mil millones de galones de agua de formación.

El proceso de remediación fue un proceso que duró 3 años y en el que TexPet invirtió US$40 millones en remediar sus pasivos ambientales.

Texaco Petroleum Company (TexPet), una subsidiaria de Texaco Inc., operó como socio minoritario en un consorcio conformado con la petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, hasta 1990. Por dos años más siguió como socio minoritario no operador.

Al finalizar el contrato de concesión en 1992, se contrató la ejecución de dos auditorías ambientales para que midieran los impactos de sus operaciones en el suelo, el agua y el aire de las zonas en que había operado el Consorcio y, a la vez, evaluaran el grado de cumplimiento de las leyes, normas y las prácticas operativas petroleras de aceptación general. AGRA Earth & Environmental Ltd. (anteriormente HBT AGRA Ltd.) y Fugro-McClelland (FM), fueron las dos renombradas firmas internacionales que llevaron a cabo estas auditorías. Ambas auditorías concluyeron independientemente, que Texaco había operado de manera responsable y que no había impactos ambientales significativos ni duraderos como resultado de las operaciones del antiguo consorcio.

Entre 1995 y 1998, TexPet llevó a cabo un programa de remediación ambiental y programas sociales cuyo valor ascendió a US$40 millones. Como parte de dicho programa, TexPet remedió 162 de las 430 piscinas petroleras identificadas (además de 67 áreas de derrame), una proporción de los pasivos ambientales igual a su participación en el Consorcio con Petroecuador (37.5%).

Las obras de remediación de TexPet fueron inspeccionadas a fondo, certificadas y aprobadas por el Gobierno del Ecuador, el cual liberó a TexPet de todos los reclamos u obligaciones futuros relacionados con sus operaciones en Ecuador.

Los documentos que exoneran a TexPet llevan la firma del Ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroecuador, y el Gerente General de Petroproducción--la división operativa de Petroecuador. TexPet no ha desempeñado papel alguno en las operaciones de exploración y producción en Ecuador desde 1992.

No, no existen evidencias científicas válidas que establezcan un nexo entre los problemas de salud y las antiguas operaciones petroleras de TexPet como aseguran los demandantes.

Los demandantes han alegado que las operaciones de TexPet han causado graves problemas de salud en la población de la región, incluyendo cáncer, y citan varios "estudios" para sustentar sus acusaciones. Sin embargo, la fuente de estos datos no fue provista, y resultaron ser falsos.

Durante el transcurso del juicio, los demandantes admitieron en privado que “NO tenemos registros médicos” para sustentar las reclamaciones de cáncer, pero aun así calcularon una cantidad de “excesivas muertes por cáncer” basados en una encuesta conducida por ellos mismos en la que las personas auto reportaron cáncer. En esa encuesta, calcularon incorrectamente que ocurrieron 1.401 muertes por cáncer durante las operaciones de Texpet. El mismo epidemiólogo de los demandantes dijo que su método “tenía poca validez”, y que sus “cálculos de casos excesivos (de cáncer era) incorrecto”. Esta falsa cifra ha sido repetida en la prensa, incluso después de que la persona que originalmente reportó estas cifras, Douglas Beltman de Stratus Consulting, admitió que no tenían ningún mérito científico.

Los demandantes se centran en alegar contaminación por petróleo, pero se niegan a reconocer las conclusiones de muchos médicos, epidemiólogos y organizaciones de salud que dicen: Las condiciones de salud en el Oriente ecuatoriano probablemente son el resultado de la pobreza generalizada, la desnutrición, el acceso insuficiente a atención médica y la falta de sistemas para tratamiento y saneamiento de agua.

La intromisión del Gobierno de Ecuador en el caso ha quedado comprobada mediante la revelación de videos y correos electrónicos que muestran la relación cercana entre funcionarios del Gobierno y los demandantes, además de evidencia que muestra el apoyo del Gobierno a campañas de difamación contra Chevron.

En varias ocasiones los abogados de los demandantes se reunieron con funcionarios gubernamentales, entre ellos con Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, quien en dicha reunión insinúa que "se podrían ayudar mutuamente" y luego pide a los demandantes incitar a los manifestantes a fin de presionar al Fiscal General para que declare que el acta de liberación firmada en el 98 es un "fraude".

Otros videos revelan la cercanía entre los abogados demandantes y el expresidente Rafael Correa. Justamente y a través de correos electrónicos, se descubrió que, durante su mandato, Correa designó por lo menos $6.4 millones a una agencia de Relaciones Públicas en Estados Unidos (MCSquared), para promover su campaña publicitaria “La mano sucia de Chevron”, como parte de una campaña internacional para desprestigiar a la compañía.

Recientemente, se reveló que la Senain, el servicio de espionaje y de inteligencia que montó el gobierno de Rafael Correa, fue la caja mágica de donde salieron los 5 millones 857 mil 750 dólares para financiar la operación Goliat, como fue denominada la campaña contra Chevron.

Tras conocer las evidencias del fraude cometidos por Steven Donziger, un total de 21 colaboradores han abandonado al equipo de demandantes contra Chevron. Desde el año 2010, inversionistas, consultores técnicos y ambientales, jueces y otros ex aliados se han desvinculado por sí mismos de lo que el Wall Street Journal ha llamado “el fraude legal más grande de la historia”. Entre ellos se encuentran:

  • H5
  • Woodsford Litigation Funding Limited
  • James Russell DeLeon
  • Jeffrey Shinder
  • Patton Boggs, LLP
  • Alberto Guerra
  • Burford Capital
  • Dr. Charles Calmbacher
  • Stratus Consulting
  • Joseph Kohn
  • David Russell

El equipo de abogados de los demandantes del caso de Lago Agrio pretende exportar su fraude a Canadá, Brasil y Argentina, dónde Chevron tiene subsidiarias, para tratar de obtener el reconocimiento y ejecución de la sentencia fraudulenta ecuatoriana.

Argentina: En marzo 2016, el Ministerio Público Fiscal (MPF) recomendó que la Corte Nacional rechazara la petición para reconocer la sentencia ecuatoriana en Argentina. El Juzgado Nacional Civil Nº 61 en Buenos Aires dictaminó que los demandantes no demostraron que el caso tuviera alguna conexión que justificara el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana de 2011 por las cortes argentinas. Por lo tanto, para el juzgado “resulta inadmisible reconocer una sentencia extranjera en esta jurisdicción donde la parte demandada no tiene ningún punto de conexión con el territorio”.

Brasil: El 19 de mayo de 2015, la Procuraduría General de Brasil recomendó que no se reconozca la demanda interpuesta por Ecuador contra Chevron, bajo leyes brasileñas e internacionales. El subprocurador general, Nicolao Dino, concluyó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue “dictada de manera irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción.” El 19 de septiembre de 2017, en vísperas de una decisión del Tribunal Superior de Justicia (STJ), los demandantes solicitaron permiso de la corte para retirar su demanda de homologación de sentencia. El 18 de octubre de 2017, el juez Luis Felipe Salomão, del STJ, emitió su voto rechazando el intento de reconocimiento de la sentencia ecuatoriana contra Chevron, argumentando la falta de jurisdicción brasileña y la extensa evidencia de fraude y corrupción, que haría del reconocimiento y ejecución de esta sentencia una violación al orden público.

Canadá: El 1 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Ontario en Canadá suspendió una acción iniciada por los demandantes ecuatorianos para el reconocimiento y ejecución de la sentencia ecuatoriana contra Chevron Corp. El 20 de enero de 2017, el Tribunal Supremo de Ontario rechazó la ejecución de la fraudulenta sentencia contra Chevron. El juez hizo una marcada distinción entre la sociedad matriz Chevron y la subsidiaria Chevron Canadá. Chevron Canadá no fue demandada en Ecuador y no puede considerarse responsable de las deudas de su sociedad matriz. El 21 de septiembre de 2017, una jueza de la Corte de Apelación de Ontario ordenó que los demandantes paguen $860,000 a las dos empresas como garantía para continuar con su apelación de la decisión del 20 de enero. Agrego, que es poco probable que prospere su apelación dado que iría en contra de establecidos principios del derecho corporativo.

El Tratado Bilateral de Inversiones entre EE. UU. y Ecuador, un acuerdo que se firmó en agosto de 1993 y entró en vigor en mayo de 1997, proporciona un nivel de protección para los inversionistas privados de un país que hacen inversiones en el otro. Bajo un TBI, el Estado anfitrión se compromete a permitir a los inversionistas del otro Estado a demandarlo en un foro internacional en el caso en que los inversionistas consideren que el Estado ha incumplido sus obligaciones.

El arbitraje pendiente de Chevron vs. La República de Ecuador se refiere a una demanda sobre el juicio del caso de Lago Agrio que se inició en mayo de 2003. Perturbada por las irregularidades en el juicio de Lago Agrio y por el fracaso de la corte ecuatoriana en corregir las atroces violaciones al debido proceso, Chevron entabló una demanda de arbitraje en septiembre de 2009 contra Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. La demanda alega incumplimiento del Estado ecuatoriano con sus obligaciones bajo acuerdos firmados con TexPet así como bajo el TBI, y por denegación de justicia en el juicio de Lago Agrio.

El Tribunal de Arbitraje Internacional, convocado bajo el TBI, busca determinar si el Estado de Ecuador ha violado sus obligaciones en virtud de sus contratos con Texaco y bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre EE. UU. y Ecuador, incluyendo su obligación de proporcionar cortes justas e imparciales para resolver disputas.