400 servidores judiciales cesados demandan justicia

Los magistrados destituidos en la época correísta participan en audiencias públicas en el Consejo de la Judicatura. El informe final se enviará a Naciones Unidas.

El 13 de marzo de 2012, una sentencia del juez de Trabajo, Rafael Núñez, fue hackeada. En esa fecha, el magistrado emitió una resolución por un litigio laboral, pero el 15 de marzo de ese año apareció otra, que fue subida al sistema por un supuesto hacker de iniciales “tinocop”.

En 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh, inició un sumario administrativo, que terminó con su destitución.

Núñez señaló que en el proceso jamás se tomó en cuenta los elementos de su apelación; por ejemplo, el informe que detalló que un hacker introdujo la sentencia.

El juez afirmó que no pudo defenderse en su proceso administrativo y que fue tratado como un “delincuente” y juzgado “como criminal”.

Todo ello, a pesar, según Núñez, de que se descubrió que uno de los hackers era la funcionaria Flor María Tinoco, quien subió esa sentencia con apoyo de personas externas a la institución.

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