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Agentes realizan análisis forense a llamadas telefónicas de Paola Pabón

El Comercio 01/11/2019

La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre. La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre. Foto: Fiscalía

La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre. La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre. Foto: Fiscalía

Los documentos fueron descubiertos en los basureros de la Prefectura de Pichincha. Se trata de hojas A4 impresas, que fueron reducidas a pedazos y que ahora forman parte de las evidencias de un supuesto delito de rebelión, por el que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón está procesada. En ese listado también aparece uno de sus colaboradores y una persona cercana al exlegislador Virgilio Hernández.

A través de un procedimiento forense, los agentes reconstruyen las hojas halladas.

El contenido, aún legible, es lo que importa para ellos. Según los investigadores, en esos documentos se encuentran instrucciones sobre el cobro de “aportes voluntarios” para @@financiar@@ las movilizaciones durante el paro que se produjo entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.

Otras evidencias son las transcripciones de las llamadas telefónicas a cinco números de celular que fueron interceptadas con una orden judicial. Se trata de diálogos entre los procesados, en los que supuestamente dan disposiciones como estas: “Debe salir todo el barrio al paro y pedir la destitución del Presidente”.

En las conversaciones se habla de muertos, de la posible compra de medicinas y palos para los manifestantes. Además, se dice que es necesario conformar un equipo de 15 personas quienes se encargarán de fabricar máscaras antigás.

En otro diálogo se indica que la gente de Pabón debe reunirse con “tres compañeros que vienen del Oriente, quienes son los que darán la cara”. Además, uno de los procesados aparentemente explica que “la Prefecta necesita algo económico, para comprar material que no se puede decir por teléfono”. Luego se menciona a la Prefectura como punto de reunión durante el estado de excepción nacional.

Para la Fiscalía, a través de estas conversaciones y las reuniones, los sospechosos habrían intentado subvertir y derrocar al Gobierno.

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