Chevron demanda a otro financista del litigio ecuatoriano

El gigante petrolero ha demandado a Woodsford, un financista de litigios, por haber invertido en el juicio ambiental, supuestamente fraudulento, entablado en contra de la empresa en el Ecuador.  

Fortune - Roger Parloff 24/09/2014

El gigante petrolero ha demandado a Woodsford, un financista de litigios, por haber invertido en el juicio ambiental, supuestamente fraudulento, entablado en contra de la empresa en el Ecuador.

Chevron ha demandado a Woodsford Litigation Funding Ltd., por @@financiar@@ a los abogados que intentan ejecutar una @@sentencia@@ de 9.500 millones de dólares en un juicio ambiental entablado en 2011 en contra del gigante petrolero en Lago Agrio, Ecuador.

Chevron (CVX -1.09%) sostiene que la @@sentencia@@ es el resultado de fraude, sobornos y muchos otros delitos, lo que en marzo pasado fue ratificado por un juez federal en Manhattan.

La demanda de Chevron en contra del financista, presentada en Gibraltar en junio pasado, pero que no había sido dada a conocer al público, aduce que Woodsford conspiró con los líderes del litigio ecuatoriano para promover “un proceso judicial deshonesto y fraudulento” en contra de la empresa. La demanda supuestamente fraudulenta es la que terminó con una @@sentencia@@ de miles de millones de dólares, que se supone compensaría a los habitantes de la Amazonía ecuatoriana por la contaminación dejada tras las operaciones de perforación petrolera de Texaco entre 1964 y 1992. (Texaco fue adquirida por Chevron en el 2001).

Woodsford invirtió 2.5 millones de dólares en el caso ecuatoriano entre marzo y abril de 2013, según un testimonio extrajudicial presentado en el mes de noviembre por el abogado principal de los demandantes, el estadounidense Steven Donziger. El testimonio se produjo en una demanda por asociación a delinquir y extorsionar que Chevron presentó contra Donziger en Manhattan en el 2011.

Woodsford se involucró en el tema bastante tarde. En julio de 2012, casi nueve meses antes, el juez de distrito Lewis A. Kaplan había determinado que la “evidencia irrefutable” que había sido presentada, demostraba que elementos importantes del caso de los demandantes habían sido “contaminados por fraude,” aunque en ese momento se reservó su opinión sobre si toda la @@sentencia@@ había sido de tal manera viciada que hacía que su ejecución no fuera posible. Ya en marzo de 2011, Kaplan había escrito una opinión contenida en 126 páginas, en la que determinaba la existencia de consistente evidencia de fraude y otorgaba una medida cautelar en contra de la ejecución de la sentencia, aunque ésta fue más tarde revocada por problemas de jurisdicción, pero que no se relacionaban con la precisión de sus conclusiones. Adicionalmente, para cuando Woodsford invirtió, por lo menos otras cinco cortes de distrito de los Estados Unidos habían determinado “prima facie” la existencia de evidencia de fraude que había contaminado la @@sentencia@@ de los demandantes, que si no se refutaba luego de un juicio completo, se convertiría en un fraude.

En marzo, luego de que concluyó el juicio por asociación a delinquir y extorsionar, Kaplan dictaminó que la @@sentencia@@ de Lago Agrio, había sido efectivamente obtenida como resultado de soborno, extorsión, fraude, obstrucción de la justicia, presiones a testigos, lavado de dinero y otros delitos, y prohibió a las cortes estadounidenses ejecutar la sentencia. (En vista de que Chevron prácticamente no tiene activos en el Ecuador, la @@sentencia@@ ecuatoriana carece de valor, a menos que los demandantes puedan convencer a una corte de ejecutarla en un país en donde Chevron si tenga activos). La @@sentencia@@ del juez Kaplan ha sido apelada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. (Para acceder a un resumen de partes de las conclusiones de Kaplan, ver aquí).

Woodsford aún no ha presentado la documentación en Gibraltar para responder a la demanda. Un vocero de Woodsford negó que había estado fuera de lugar el otorgar un préstamo en la etapa en que lo hizo, pero se negó a dar más detalles.

Chevron antes había presentado una demanda, también en Gibraltar, en contra del financista clave del caso, Russ DeLeon. Un viejo amigo de Donziger, compañero en la escuela de derecho, DeLeon había hecho su fortuna a través de una compañía de póker en línea, PartyGaming, y ahora vive en Gibraltar.

En julio, durante una presentación del caso, DeLeon reconoció haber invertido 23 millones de dólares en el litigio ecuatoriano, que le daba un 7% de participación en el monto de la sentencia. Esto es más del doble de lo que Chevron había sospechado cuando presentó la demanda en su contra en diciembre.

En la misma presentación, DeLeon negó haber obrado mal y afirmó que no tenía conocimiento (ni lo tiene ahora) de ninguna conspiración para utilizar tácticas fraudulentas en el caso, y que si éstas habían sido utilizadas, él era otra de las víctimas. DeLeon también ha presentado una contrademanda por difamación en contra de Chevron. (Puede ver la respuesta de Chevron a la demanda por difamación aquí).

Gibraltar es también el lugar de residencia de Amazonia Recovery Limited, un medio que los demandantes utilizaron para distribuir cualquier monto que podrían eventualmente recuperar de la sentencia. El acuerdo de financiamiento de Woodsford fue establecido con Amazonia, parte que también está designada como demandada en el caso presentado en contra de Woodsford.

Mientras no se sabe la razón por la cual Amazonía fue establecida en Gibraltar, un memo del 2010 redactado por la firma de abogados Patton Boggs, que en ese entonces representaba a los demandantes, recomendó intentar distribuir los fondos que se recuperaran de la @@sentencia@@ fuera del Ecuador, para evadir las leyes ecuatorianas que se temía, podría limitar las posibilidades de cobro de los abogados y financistas a solo un 10% de la sentencia.

Dos financistas claves que anteriormente apoyaron la demanda ecuatoriana, hace mucho se retiraron del caso, alegando infracciones cometidas por los demandantes. Burford Capital, que invirtió en el caso a fines del 2010, congeló su inversión poco después y en septiembre de 2011 se retiró formalmente, acusando a los representantes de los demandantes de haber engañado a la firma para que invirtiera, a través de un “esquema de fraude para desfalcar y engañar que tomó varios meses”. El financista original de la demanda, la firma de abogados de Filadelfia, Kohn, Swift & Graft, a la larga desmintió cualquier participación en el caso. En una carta dirigida a los representantes de los demandantes en agosto de 2010, el abogado principal de Kohn dijo que estaba “escandalizado por las recientes revelaciones relativas a una conducta potencialmente indebida y poco ética, sino ilegal” de los representantes de los demandantes, a quienes acusó de haberle dicho “puras mentiras”. (Los demandantes han negado cualquier falsedad o tergiversación y aducen que Burford se retiró luego de que Chevron presionó a las firmas de abogados y a las corporaciones para ahuyentar a los prestamistas. Afirman que Kohn, Swift fue contratado por razones que no están relacionadas).

Karen Hinton, portavoz de Donziger, afirma que “el caso de Chevron en contra de Woodsford es otro intento de Chevron por tomar retaliaciones en contra cualquiera que intente ayudar a las comunidades que responsabilizan a Chevron de los crímenes ambientales y de acciones indebidas, como fuera determinado por tres cortes distintas en el Ecuador”.

“Una Corte Federal de los Estados Unidos ha determinado que la @@sentencia@@ en contra de Chevron en el Ecuador es el producto de un esquema de fraude, con la intención de sacar miles de millones de dólares de la compañía”, afirma Morgan Crinklaw, un portavoz de la compañía petrolera. “Chevron considera que los autores de tal confabulación deberían ser responsabilizados porque fomentaron dicho fraude conociendo los detalles”.

Woodsford fue fundada en 2010. Su director ejecutivo es Thomas Manduca, un antiguo socio de la firma legal londinense Lovells, ahora Hogan Lovells. Según el sitio web de Woodsford, su director de inversiones, Timothy Mayer, es fundador y miembro del directorio de la Association of Litigation Funders of England and Wales (Asociación de financistas de Inglaterra y Gales), y jugó un “papel protagónico en la aceptación del Código de Conducta de Financistas de Litigios”. El vocero de Woodsford dijo que Manduca y Mayer no habían hecho ningún comentario.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto aquí.