Caso Chevron

Chevron sostiene que abogado ecuatoriano no puede anular las órdenes de citación

Law 360 24/10/2019

Chevron ha solicitado a la corte federal de Nueva York rechazar el pedido de un abogado ecuatoriano que persigue anular las órdenes de citación que buscan obtener información sobre si el abogado Steven Donziger se está lucrando de la @@sentencia@@ por 9.500 millones de dólares emitida en contra de la compañía en el Ecuador.

El gigante energético el viernes afirmó que los argumentos del abogado Patricio Salazar carecen de fundamento. El abogado, quien no es parte en el litigio, el 2 de octubre argumentó que no podía ser citado en los Estados Unidos puesto que trabaja en el Ecuador y que gran parte de la documentación solicitada estaría protegida bajo el privilegio de confidencialidad entre abogado-cliente.

Chevron aduce que Salazar, representante del Frente de Defensa de la Amazonía, que a su vez es el beneficiario de la @@sentencia@@ ecuatoriana, y que el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Lewis A. Kaplan posteriormente consideró como fraudulenta, está estrechamente conectado con Donziger y fue pieza “fundamental” en su plan para “violar la orden judicial emitida por esta corte [bajo la ley RICO de los Estados Unidos] al beneficiarse de los fondos recaudados a través de la venta de acciones de la @@sentencia@@ ecuatoriana”.

Salazar, también mencionado como Salazar Córdova, fue citado a través de los correspondientes petitorios cuando viajó a Nueva York para comparecer en los procedimientos disciplinarios de inhabilitación en contra de Donziger. Chevron sostuvo que en vista de que Donziger se rehusó a participar en los actos procesales para la obtención de información y pruebas posteriores al fallo, debe basarse en evidencias provistas por terceros, como es el caso de Salazar.

En su moción para anular la citación presentada el 2 de octubre, Salazar afirmó que la Norma 45 de las Normas Federales de Procedimiento Civil no permite que las órdenes de citación sean notificadas a partes que residan a más de 160 kilómetros del lugar en donde deben testificar. Dado que vive en Quito, Ecuador, sostiene que está muy alejado de este radio.

Chevron apuntó que las órdenes de citación son válidas y exigibles bajo la Norma 69 de las Normas Federales de Procedimiento Civil, que permite a las partes obtener el descubrimiento de pruebas e información que puedan ayudar en la ejecución de una sentencia. Además, bajo las leyes de Nueva York, la declaración de quienes no sean residentes puede ser realizada en el lugar en el que fueron notificados. Salazar fue notificado en la ciudad de Nueva York y Chevron sostiene que puede presentar su declaración allí pues la compañía está dispuesta a pagar por sus gastos de movilización desde Ecuador.

Según Chevron, la norma de los 160 kilómetros no se aplica cuando los documentos pueden ser enviados por envío postal o correo electrónico, lo que Salazar puede hacer perfectamente. Y en caso de que las órdenes de citación efectivamente violaren dicha norma, estas deberían ser modificadas, pero no anuladas, sostuvo la compañía.

Adicionalmente, Chevron señala que Salazar no puede afirmar que todos los documentos solicitados están protegidos por el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente. Salazar debe presentar un registro de los documentos que puedan estar amparados bajo dicho privilegio a fin de determinar cuáles están efectivamente protegidos; el no hacerlo significaría que ha renunciado a los privilegios de los que podrían haber gozado, argumentó Chevron.

Rick Friedman, un abogado que representa a Donziger en procesos distintos, el lunes informó a Law360 que la notificación de las órdenes de citación presentada a Salazar es parte de la estrategia de intimidación de Chevron en contra de quienes estén conectados con Donziger y la @@sentencia@@ ecuatoriana, así como un elemento de distracción del tema real, que es que la compañía “destruyó completamente el medioambiente en Ecuador y ahora se le ha ordenado pagar para la limpiar”.

La disputa está anclada en un proceso judicial en el Ecuador, en el que Chevron fue acusado de contaminar los ríos y esteros en la región amazónica, cerca de un campo petrolero en el norte de Ecuador, lo que causó un daño ecológico masivo en la región y afectó severamente a la población. En 2011, una corte ecuatoriana ordenó a Chevron pagar 19.000 millones de dólares, aunque dicha suma fue más tarde reducida a 9.500 millones.

En 2014, el juez Kaplan determinó que la @@sentencia@@ ecuatoriana fue redactada clandestinamente por Donziger y otros miembros de su equipo legal, quienes habían sobornado al juez para que les permitiera redactarla para luego firmarla. La decisión fue ratificada en 2016 por el Segundo Circuito y, posteriormente, la Corte Suprema se rehusó a aceptar el caso.

En agosto de 2018, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje después llegó a una conclusión similar, al sostener que el Ecuador había incurrido en denegación de justicia al emitir en 2011 la viciada @@sentencia@@ en favor de los indígenas que sostenían que Chevron era responsable por décadas de daños ambientales causados por su predecesora, Texaco Inc.

Donziger y Chevron han continuado debatiendo mientras Chevron plantea denuncias respecto de que Donziger no ha cumplido con los términos de la decisión tomada en 2014 bajo la ley RICO, y presiona por el cumplimiento del pago de 800 mil dólares ordenados como compensación monetaria en dicho juicio.

En junio, el juez Kaplan ordenó a Donziger entregar su pasaporte, al afirmar que “medidas coercitivas adicionales” eran necesarias dado que el abogado no había cumplido con algunas órdenes de desacato emitidas en mayo pasado. En dichas órdenes de desacato el juez Kaplan ordenó a Donziger ceder sus derechos sobre la demanda en el Ecuador y devolver los 666 mil dólares que cobró, entregó a su esposa, o utilizó para cubrir sus gastos personales, tales como su hipoteca o una factura de American Express.

Quienes representan a Salazar rehusaron hacer comentario alguno. Los representantes de Chevron no respondieron de manera inmediata a nuestro pedido de información.

Chevron está representado por Randy M. Mastro, Andrea E. Neuman y William E. Thomson de Gibson Dunn & Crutcher LLP y Herbert J. Stern y Joel M. Silverstein de Stern Kilcullen & Rufolo LLC.

Donziger se representa a sí mismo.

Patricio Salazar Córdova está representado por James D. Bailey de Bailey Duquette PC.

El caso civil se denomina Chevron vs. Donziger, caso número 1:11-cv-00691, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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