Interferencia del Gobierno

Correa usa firma antipiratería para atacar a reporteros que investigan a su embajadora en EEUU

Días después de que una agencia ecuatoriana de noticias revelara la existencia de posibles actos de corrupción, Ares Rights presentó una demanda por violación a los derechos de autor.

The Washington Free Beacon - Lachlan Markay 02/09/2014

Foto: AP

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Una empresa contra la piratería por Internet y que tiene vínculos con el gobierno de Ecuador y con su presidente Rafael Correa, el viernes presentó una denuncia por violación a los derechos de autor, contra una agencia de noticias que días antes había denunciado posibles actos de @@corrupción@@ de la embajadora de esa nación sudamericana en Estados Unidos.

La compañía Ares Rights, con sede en Barcelona, exigió que un servicio de hosting eliminara de la web contenidos publicados por Plan V, una agencia de noticias ecuatoriana que ha divulgado historias que avergüenzan o son críticas del régimen que gobierna ese país.

La reciente historia se centró en Nathalie Cely Suárez, la Embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Según el informe de Plan V, una empresa que pertenece a la madre de Cely ha recibido cientos de miles de dólares a través de contratos otorgados por el gobierno ecuatoriano mientras la actual embajadora ocupaba posiciones prominentes en ese gobierno.

La relación de Cely con esta empresa podría constituir una violación de las leyes ecuatorianas contra el uso de una posición oficial para enriquecer a familiares directos. Sin embargo, Cely ha negado de manera vehemente tales acusaciones.

Esto podría haber sido el fin del cuento; sin embargo, pocos días después de aparecer dicha publicación, una empresa española de antipiratería por Internet llamada Ares Rights, fue tras Plan V.

En una denuncia basada en la ley Digital Millennium Copyright Act (DMCA), presentada el viernes pasado, Ares Rights reclamó la propiedad sobre el material utilizado para preparar la historia aparecida en mayo, reforzando el reclamo de Ecuador por el uso indebido de derechos de autor que pertenecían a Ares Rights y a otras firmas.

Inmediatamente, varios expertos apuntaron a esfuerzos similares realizados por la misma empresa para amordazar a críticos del gobierno ecuatoriano. Adam Steinbaugh, un bloguero en temas legales que ha cubierto ampliamente a Ares Rights, se refirió a esta denuncia como "una abusiva y censuradora conducta”.

Al mando de Ares Rights y de una serie de empresas más que participan en esta disputa DMCA, está Jonathan Palma Ruz, de nacionalidad española, cuyo nombre con frecuencia aparece en las denuncias contra los críticos de Ecuador.

Según muestra la denuncia presentada el viernes contra Plan V, Ares Rights aparece como la parte agraviada por la violación de derechos de autor cometida por Plan V. No obstante, la denuncia también incluye a otra empresa involucrada en la disputa, Wikipiedra S.L. que, según registros de los EEUU, es una empresa española también dirigida por Palma.

Wikipiedra además está vinculada a otra empresa antipiratería llamada Tenth Man, que en su sitio web asegura, "Nuestra tarea es retirar contenidos de la web de manera sencilla y limpia".

"Las difamaciones e insultos anónimos están muy extendidos en la web", explican en su sitio web y aseguran: "Tenthman tiene las herramientas para localizar y eliminar estos archivos".

El nombre de Palma aparece con frecuencia en las historias sobre abusos a la ley DMCA por el gobierno ecuatoriano y las empresas antipiratería con las que está relacionado.
"A pesar de estar en España, (Ares Rights) y su director general están vinculados al canal de televisión ecuatoriano operado por el Estado y continúan haciendo valer sus derechos de autor sobre muchas imágenes relacionadas con Ecuador". Steinbaugh señaló el año pasado que Ares Rights intentó eliminar del sitio web de BuzzFeed los documentos que revelaban la adquisición de equipos para espionaje electrónico por el gobierno ecuatoriano.

Gestiones anteriores para borrar contenidos por pedido de sus clientes, han tenido como blanco a los críticos del régimen de Correa, sean estos grandes o pequeños, extranjeros o nacionales.

Una reciente denuncia enfiló contra las comunicaciones en línea de la petrolera Chevron, firma que está envuelta en una larga disputa legal con los ambientalistas que alegan daños ecológicos masivos dejados por Texaco en Ecuador, compañía que Chevron adquirió en 2001.

Los intentos de Ares Rights para eliminar este contenido fueron criticados por Chevron; además, la empresa también ha sido objeto de críticas por usar las denuncias DMCA para silenciar a periodistas y opositores políticos ecuatorianos.

En marzo pasado Ares Rights presentó una denuncia a nombre del presidente de Ecuador, Rafael Correa, y trató de eliminar los tweets de un usuario venezolano que publicaba bajo el nombre de @LucioQuincioC. Los tweets se mantienen, pero las fotos, supuestamente de propiedad intelectual del Presidente de Ecuador, ya no están disponibles en ese sitio de redes sociales.

@LucioQuincioC es en realidad Federico Guillermo Medina Ravell, un disidente venezolano y primo de Alberto Federico Ravell, ex director de Globovisión, medio de comunicación aliado a la oposición venezolana.

Globovisión fue una de las pocas empresas noticiosas de Venezuela que pudo seguir trabajando en el país y que en los últimos cinco años ha sido muy crítico del fallecido presidente Hugo Chávez, un importante aliado de Correa y líder del movimiento socialista Bolivariano, del que Correa es ahora el líder de facto.

Alberto Federico Ravell fue obligado a salir de Globovisión luego de que el gobierno de Chávez trabajara para socavar su financiamiento. Mientras tanto, Federico Guillermo Medina Ravell ha sido víctima de allanamientos a su casa por los servicios de inteligencia venezolanos, supuestamente en respuesta a su actividad antichavista por Twitter.

Si bien Plan V no ha sido objeto de semejante nivel de intimidación política, críticos del régimen de Correa alegan que, a través de Ares Rights, se está intentando silenciarlos o de tomar represalias contra ellos.

Además de Plan V, el gobierno ecuatoriano ha marcado como oponentes a una agencia de noticias asociada, el Center for Investigative Journalism in the Americas (CIJA) y a uno de sus columnistas, Ezequiel Vázquez-Ger.

Recientemente, Vázquez-Ger escribió en un correo electrónico: "En lugar de responder [a las denuncias planteadas por el informe de Plan V sobre la embajadora Cely), ella intentó distorsionar la conversación, iniciando innumerables ataques contra mí y contra Plan V".

Un editorial no firmado publicado por El Telégrafo, medio de comunicación estatal, hizo referencia a que Vázquez-Ger y Plan V promovían intereses extranjeros en Ecuador, sobre todo de EEUU, a través de sus reportajes e investigaciones.

El editorial adujo que Plan V y CIJA sirven como portavoces del "fugitivo de la justicia" Emilio Palacio. Palacio es un bloguero que se vio obligado a huir del Ecuador luego de que él y tres editores del diario El Universo fueran condenados a varios años de prisión por supuestamente difamar a Correa.

Vázquez-Ger también sospecha que los hackers han atacado su cuenta de twitter. "En los últimos días, Twitter bloqueó de manera repetida mi cuenta por razones de seguridad", dijo. "Alguien probablemente está tratando de meterse en mi cuenta", concluyó.

La reacción del gobierno, aseguró Vázquez-Ger, es un testimonio del impacto que han tenido Plan V y CIJA, y agregó: "Después de los reportajes sobre McSquared / Cely, probablemente Correa está dándose cuenta del alcance y potencial que tiene el sitio web ".

El informe sobre McSquared cubre información de las actividades del gobierno con una empresa de relaciones públicas contratada para atacar a Chevron.

Informes aparecidos en el Washington Free Beacon y Bloomberg Businessweek revelaron que McSquared estaba pagando a manifestantes anti-Chevron y que además había organizado actividades de promoción contra Chevron en los EE.UU., sin haberse registrado como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, tal como lo exige la ley federal.

El editorial de El Telégrafo, parecía aludir a este caso, al señalar que Vázquez-Ger había realizado trabajos para la National Endowment for Democracy, financiada por el gobierno de Estados Unidos. "Puesto que (Vázquez-Ger) no estaba registrado (bajo la Foreign Agent Registration Act), existen pocas evidencias sobre su fuente de financiamiento", declaró El Telégrafo.

En el editorial, no quedaba claro si el artículo alegaba financiamiento extranjero de sus actividades en los Estados Unidos (para lo que no aportó @@prueba@@ alguna), o simplemente malentendía los requerimientos de la Foreign Agent Registration Act.

A pesar de los esfuerzos evidentes por mitigar el impacto del reportaje de Plan V, Steinbaugh considera que las estrategias y manipulaciones de Ares Rights no lograrán tener un gran impacto.

"La buena noticia para Plan V y para otros objetivos que están en la mira de Ares Rights, es que Ares Rights siempre falla", escribió Steinbaugh. "Asumiendo que su objetivo es proteger de la atención pública las críticas agudas que han padecido, ese plan será absolutamente contraproducente pues atraerá más atención dada su abusiva conducta censuradora".

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron, el artículo original en inglés puede ser visto aquí.
 

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