Juicio Crudo - Caso Rico

Así se comprobó
“el fraude legal del siglo”.

Durante el juicio, Chevron presentó pruebas contundentes de que Donziger organizó y puso en ejecución un esquema de fraude con el fin de extorsionar a la empresa, obteniendo por medios ilícitos una sentencia en Ecuador por USD 19 mil millones, la cual luego fue reducida a $9.500 millones.

Fechas importantes en el caso

15 de octubre de 2013

Empieza el juicio

El juez Lewis Kaplan, de la Corte Federal de Nueva York, dio inicio al juicio que probaría el fraude efectuado por Donziger y sus socios para extorsionar a Chevron.

4 de marzo de 2014

Juez Kaplan emite el fallo

En su fallo de 500 páginas, el juez Kaplan dictaminó que la sentencia ecuatoriana fue obtenida a través de medios corruptos y le prohibió a Donziger y sus socios lucrarse de ella en Estados Unidos.

Fallo del juez Kaplan

Agosto de 2016

Ratificación de la sentencia

La sentencia RICO de primera instancia fue ratificada por la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito.

Junio de 2017

Corte Suprema de EE.UU. avala la sentencia

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de reexaminar la decisión de la Corte de Apelaciones. Desde entonces, el caso contra Chevron en Ecuador es conocido como “El fraude legal del siglo”, como lo definió el periódico The Wall Street Journal en un artículo de 2014.

Las pruebas del fraude.

Implacables, abundantes y de todo tipo: así son las evidencias que hunden a los abogados demandantes.

Se reveló la presión e intimidación a la justicia por parte de los demandantes.

Los abogados demandantes prometieron US $500.000 al juez ecuatoriano Nicolás Zambrano para que fallara a favor de ellos.

La sentencia de Lago Agrio fue un evidente ejercicio de copiar y pegar. Párrafos de documentos internos de los demandantes aparecen textualmente en la sentencia de Lago Agrio. Estos documentos nunca fueron presentados ante la corte de Lago Agrio.

Daniel Lee Rourke, experto principal de los demandantes con respecto a daños por cáncer, declaró ante la corte estadounidense que ni las operaciones de Texaco ni la supuesta contaminación habían provocado un aumento en los casos de cáncer.

El consultor ambiental de los demandantes Douglas Beltman, de Stratus Consulting, declaró que “Stratus jamás determinó que algún individuo efectivamente se enfermó de cáncer como resultado de la producción petrolera”.

El mismo Beltman, admitió que los informes que los demandantes citan para sus alegaciones de cáncer son defectuosos.

Los demandantes no presentaron ningún informe médico para sustentar sus reclamos. En un email interno, Julio Prieto, abogado de los demandantes, admite no tener certificados médicos que avalen la demanda contra Chevron.

David Russell, principal científico ambiental de los demandantes, señaló que no vio “pruebas de ningún efecto de salud extendido provocado por la contaminación petrolera de Texaco” y que no había contaminación en las muestras de suelo ni de agua.

Se comprobó que los abogados de los demandantes presentaron a la corte informes falsificados bajo el nombre de Charles Calmbacher, indicando que el doctor Calmbacher consideraba que se necesitaba una limpieza por millones de dólares.

En el Informe Pericial Global de la Corte, Cabrera dijo que Chevron era responsable por $ 27 mil millones en daños. Sin embargo, la evidencia irrefutable ha comprobado, y Donziger, Fajardo y sus consultores técnicos han admitido ( aquí, aquí, y aquí ) que ellos fueron quienes escribieron el informe.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, aparece junto al perito global supuestamente independiente, Richard Cabrera, en una reunión privada, sin presencia de la contraparte.

Donziger y Fajardo pagaron a Cabrera más de $ 300.000, incluyendo pagos desde una cuenta bancaria secreta.

Le escribieron la sentencia final al juez Zambrano. Durante su testimonio, Zambrano no pudo responder preguntas básicas sobre la sentencia que lleva su firma.

¿Qué dictaminó la sentencia RICO?

La justicia de EE. UU. comprobó que la sentencia de Lago Agrio contra Chevron en Ecuador fue obtenida por medio de fraude y corrupción y, por consiguiente, es ilegítima e inejecutable en dicho país.

Un fraude planificado

Un Tribunal de Nueva York consideró que Donziger y sus coconspiradores cometieron varios delitos federales conforme a la legislación de los Estados Unidos, incluyendo extorsión, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, entre otros.

Resumen de la sentencia

¿Qué dictaminó la corte de Nueva York?

El Tribunal prohibió a Donziger y a sus socios beneficiarse de cualquier modo de la sentencia fraudulenta obtenida en Ecuador.

Medidas contra Donziger y sus socios

La Justicia dictó varias órdenes, entre ellas la prohibición de ejecutar la sentencia de Lago Agrio en Estados Unidos. Además, se les prohibió cobrar la sentencia, incluso mediante la venta o la afectación de sus intereses en la sentencia de Lago Agrio. Esta última medida fue abiertamente violada por Donziger, quien vendió a inversionistas participaciones en la sentencia fraudulenta y realizó gastos personales.

¿Quiénes se beneficiaban con el fraude contra Chevron?

Contratos, acuerdos de financiación y otros documentos expuestos durante el caso RICO revelan cómo se distribuirían las ganancias de la sentencia fraudulenta de Lago Agrio por USD 9.500 millones.

¿Quiénes se beneficiaban con el fraude contra Chevron?

Donziger y Fajardo se llevarían casi $800 millones, mientras los demandantes ecuatorianos NADA.

El estadounidense Steven Donziger recibiría USD $600 millones, mientras que su socio ecuatoriano, Pablo Fajardo, obtendría USD $190 millones.

Steven Donziger

Recibiría

$600

Millones

Pablo Fajardo

Recibiría

$190

Millones

¿Quiénes se beneficiaban con el fraude contra Chevron?

Financistas, abogados y otros patrocinadores también se enriquecerían.

El resto de las ganancias iban a ser distribuidas entre financistas, abogados, consultores, gastos y tarifas administrativas, y el fideicomiso controlado por el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), organización creada para liderar las relaciones públicas contra Chevron.

Donziger y las consecuencias
del caso RICO.

El ex abogado fue condenado por desacato civil y penal. En 2021 enfrentó 6 meses de cárcel y está inhabilitado para ejercer como abogado en Nueva York y Washington DC.

Inhabilitado como abogado.

En 2018, la Corte Suprema de Nueva York suspende la licencia de Donziger.

La decisión fue ratificada en 2020. Más tarde, Washington DC toma una decisión similar. Donziger fue inhabilitado como abogado por su mala conducta profesional, a saber, la corrupción de un perito judicial, redacción clandestina de informes, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó el intento de apelación de Donziger.

Desacato civil.

En 2019, Donziger es declarado en desacato civil.

El juez Lewis Kaplan de la Corte de Nueva York manifestó que había ignorado de manera flagrante las órdenes de la corte que le prohibían beneficiarse de la fraudulenta sentencia de Lago Agrio. Para el juez, la evidencia demuestra que Donziger obtuvo al menos USD 2,3 millones vendiendo parte de sus honorarios de contingencia (6,5%) a inversionistas, destinando gran parte al pago de gastos personales.

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Desacato penal.

En agosto de 2019, el juez Lewis Kaplan imputó a Donziger seis cargos por desacato penal por sus violaciones de las órdenes judiciales y a la sentencia RICO.

Para el juez, Steven Donziger había ignorado de manera flagrante las órdenes de la corte que le prohibían beneficiarse de la fraudulenta sentencia de Lago Agrio.

Cárcel.

El 1 de octubre de 2021, la jueza Loretta A. Preska condenó a Donziger a seis meses de prisión.

Después de cumplir parte de su condena en una prisión federal y como resultado de una política por la epidemia de covid-19, Donziger fue puesto bajo arresto domiciliario para que cumpliera el resto de su condena. Preska apuntó que nadie está por encima de la ley, a la vez que recalcó que el ex abogado no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento.

Extractos de la sentencia RICO

Esto decía el Tribunal de Nueva York en su fallo contra Donziger y su equipo.

“No se hace justicia imponiendo injusticia. El fin no justifica los medios. No existe la defensa de 'Robin Hood' para una conducta ilegal e indebida”. (p.15)

“[El juez] Zambrano no escribió la Sentencia dictada con su nombre. Tenía un asombroso desconocimiento de aspectos importantes de su contenido” (p. 174)

“[L]os actos de Donziger encaminados a incrementar la presión sobre Chevron mediante maniobras deshonestas y corruptas en el litigio –coerción, soborno, redacción fantasma de documentación ajena, entre otras- tuvieron por objeto transmitir amenazas a Chevron”. (p. 319)

“Donziger recibió dinero del exterior y gestionó su uso en esta instancia de al menos dos maneras: (1) para financiar en parte la redacción fantasma del Informe Cabrera, que se utilizó en un intento por extorsionar a Chevron; y (2) para pagarle a Cabrera violando así la Ley de Viajes [Travel Act]. Al hacerlo, Donziger cometió actos susceptibles de acusación por lavado de dinero”. (p. 335)

“La sentencia de la causa de Lago Agrio fue obtenida por medios corruptos. A los demandados aquí no se les permitirá beneficiarse de ella de ninguna manera. El fallo dictado hoy les impedirá hacerlo”. (p.430)

El "Documental" para difundir las mentiras

El supuesto documental Crude no es tal: es lisa y llanamente una ficción

Los abogados de los demandantes contrataron a un cineasta para hacer su película, la financiaron y controlaron la edición para continuar con su plan de extorsión contra Chevron Corporation.

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Petroecuador no remedió su parte

Petroecuador reconoció públicamente su responsabilidad de remediar las afectaciones restantes de la Amazonía ecuatoriana. Pero no cumplió.

El 30 de junio de 1990, Petroecuador se convirtió en el único operador de la antigua área de concesión en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Previamente, en 1976, Petroecuador (anteriormente CEPE) asumió el control mayoritario del consorcio CEPE-Texaco con el 62,5%, mientras TexPet mantuvo el 37,5%

Cuando se disolvió el consorcio, Texpet remedió los impactos que le correspondía con base en su participación del consorcio, y fue liberado por el Gobierno ecuatoriano de toda futura responsabilidad. Por su parte, la estatal quedó responsable de remediar los pasivos ambientales restantes, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.

Petroecuador no solo es responsable de la remediación inconclusa, sino de los impactos que vinieron después de 1990.

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Texaco Petroleum Company (TexPet) operó el área hasta 1990 como socio minoritario de un consorcio, donde el Estado tenía mayoría accionaria. En 1992, la estatal Petroecuador se convirtió en el dueño absoluto y operador exclusivo del antiguo consorcio.

La transferencia de las operaciones requirió de una auditoría ambiental conjunta, y TexPet encargó además, una segunda independiente.

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Con base a acuerdos firmados con el gobierno ecuatoriano, entre 1995 y 1998, TexPet destinó U$S 40 millones para remediar la parte correspondiente a sus operaciones y a trabajos comunitarios y contribuciones socioeconómicas.