Juicio Crudo - Texaco Ecuador

TexPet, socia minoritaria del consorcio petrolero.

Desde 1974 hasta 1990, la compañía operó en el Oriente en sociedad con la estatal Petroecuador.

Petroecuador mantuvo la mayoría accionaria (62,5%) del consorcio, quedando TexPet con el 37,5 % restante. En 1990 Petroecuador asumió la totalidad de las operaciones y en 1992, se convirtió en única dueña del área.

El área de la antigua concesión

está localizada en la Amazonía ecuatoriana

Era operada por un consorcio conformado por Petroecuador-TexPet y abarcaba unas 440.000 hectáreas.

En 1992, Petroecuador se convirtió en única dueña del área.

La transferencia de operaciones requirió dos auditorías ambientales.

Ambas concluyeron que el consorcio operó en línea con las prácticas de la industria, que no había daños ambientales significativos ni duraderos, y señalaron algunos impactos ambientales a remediar.

Remediación exitosa

Los efectivos trabajos de remediación ambiental y social realizados por TexPet fueron certificados por el propio gobierno ecuatoriano en 1998, e incluso, fueron ratificados por un tribunal de La Haya en 2018.

Entre 1995 y 1998

TexPet destinó US$ 40 millones a la remediación de su parte en la antigua concesión y a programas de desarrollo comunitario.

TexPet remedió

más de 200 áreas impactadas, siguiendo los métodos y estándares acordados. En ningún momento TexPet actuó por cuenta propia: los métodos y los estándares de la remediación fueron acordados en un Memorando de Entendimiento firmado en 1994 y el Contrato para la Ejecución de Trabajos, acordado en 1995.

1998

El gobierno de Ecuador declaró y certificó la remediación y liberó a Texaco de obligaciones y reclamos futuros.

2018

Un tribunal de La Haya confirmó que TexPet cumplió cabalmente con sus obligaciones ambientales en Ecuador.

Las evidencias avalan a Texaco

TexPet ha sido objeto de falsas acusaciones: todas las evidencias científicas legítimas prueban que los sitios remediados por TexPet no presentan riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente.

El agua no está contaminada por el petróleo.

Las muestras tomadas y analizadas durante el proceso judicial no presentaron niveles nocivos de químicos vinculados al crudo.

Los casos de cáncer en la Amazonía no son superiores al resto del país.

Las tasas reales de cáncer son inferiores a las aducidas por los abogados de los demandantes.

Petroecuador no remedió su parte.

Petroecuador reconoció públicamente su responsabilidad de remediar las afectaciones restantes de la Amazonía ecuatoriana. Pero no cumplió.

El 30 de junio de 1990, Petroecuador se convirtió en la única operadora del área de la antigua concesión en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Previamente, en 1976, Petroecuador (anteriormente CEPE) asumió el control mayoritario del consorcio CEPE-Texaco con el 62,5%, mientras TexPet mantuvo el 37,5%.

Cuando se disolvió el consorcio, TexPet remedió los impactos que le correspondía con base en su participación del consorcio, y fue liberada por el Gobierno ecuatoriano de toda futura responsabilidad. Por su parte, la estatal quedó responsable de remediar los pasivos ambientales restantes, obligación que no termina de cumplir hasta el día de hoy.

Petroecuador no solo es responsable de la remediación inconclusa, sino de los impactos que vinieron después de 1990.

Entre 1995 y 2011, siendo Petroecuador operadora exclusiva en la región amazónica del ex consorcio con TexPet, se registraron al menos 1.983 derrames de petróleo, lo que equivale a un derrame cada 3 días, según un reportaje de la cadena Ecuavisa. En los últimos 32 años, el Estado ha expandido sus operaciones en la región amazónica en casi 200 %, perforando cientos de pozos adicionales, cavando más de mil piscinas para residuos y vertiendo al ambiente más de 16,6 mil millones de galones de agua de formación.