Independencia Judicial

Consejo de la Judicatura de Ecuador en Peligro

En esta investigación se demuestra con documentos certificados cómo el correísmo nombró una Corte Nacional de Justicia de manera ilegítima y de cómo a pesar de estar Rafael Correa prófugo de la justicia intenta tomarse el próximo Consejo de la Judicatura que será elegido y posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Centro Social.



Transcripto del video:

El 25 de agosto del año 2017 Factores de Poder presentó una investigación especial sobre la metida de mano a la justicia de Rafael Correa, al comprobarse a través de una filtración de correos electrónicos como éste había designado a dedo a los jueces de las cortes Ecuatorianas y de como los fallos judiciales de los casos más sonados se ordenaban desde Carondelet. Esta reveladora investigación costó la destitución del entonces presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalek. 

En esta nueva y reveladora entrega de Factores de Poder les presentaremos una nueva investigación sobre cómo fueron designados los actuales jueces de la corte nacional de justicia de Ecuador y de cómo dicha designación puede afectar al concurso que actualmente se lleva a cabo para seleccionar y designar a los miembros del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función. 

De tal forma que nos remontamos al año 2011 cuando se llevó a cabo el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de juezas y jueces de la corte nacional de justicia que se realizó en el año 2011 y donde fueron designados 21 jueces, que se posesionaron en enero del 2012 y de los cuales 5 de ellos continúan en sus cargos. Ellos son Paulina Aguirre Suárez, María Rosa Merchán Larrea, Álvaro Benicio Ojeda Hidalgo, Maria del Carmen Espinoza Valdivieso, Merck Milko Benavides Benalcázar. 

Este concurso fue organizado por el entonces consejo de la judicatura transitorio conformado por los vocales Tania Arias Manzano, Fernando Yávar Unpierres y presidido por Paulo Rodríguez Molina, todos afines al expresidente Rafael Correa. Dicho concurso fue normado mediante resolución del consejo de la judicatura de transición número 006 2011 del 19 de agosto de 2011. Es así que con resolución 007 2011 del 24 de agosto se expidió el instructivo que establece los requisitos para el concurso. Los jueces designados fueron 21. El equipo investigativo de Factores de Poder tuvo acceso al total de documentos presentados por los postulantes a jueces y a los documentos que normaron el proceso de selección, donde pudimos comprobar que los postulantes nunca cumplieron los requisitos y procedimientos normados en el instructivo y que a pesar de ello los vocales del consejo de la judicatura transitorio ilegalmente aceptaron sus postulaciones. Realizaron el concurso y los nombraron a los cargos de jueces de la corte nacional de justicia entre los cuales encuentra la actual presidenta María Paulina Elizabeth Aguirre Suárez. 

Agárrense porque a continuación les presentaremos los documentos certificados que comprueban que María Paulina Elizabeth Aguirre Suárez fue nombrada ilegalmente en el cargo de jueza y presidenta de la corte nacional de justicia y que además usurpando esas funciones ha amañado la designación de la también ilegal terna que ha presentado para el concurso de oposición y méritos para nombrar al próximo presidente del consejo de la judicatura. 

El concurso para designar jueces de la corte nacional de justicia se rigió mediante un instructivo que se expidió con resolución 007-2011 de 24 de agosto de 2011. Dentro del mismo establece que obligatoriamente se conforme un comité de expertos y expertas que regirían el proceso. Sin embargo, al revisar la información proporcionada por la dirección de talento humano del consejo de la judicatura, dirigida por Mónica Milena Núñez Burbano - ex asesora de Gustavo Jalkh - esta informa al director general y a la secretaria general del consejo nacional de la judicatura transitorio que no reposa en los archivos de la dirección de talento humano información que certifique que se llevó a cabo el proceso tal como lo establece el reglamento ya que ese concurso de forma muy peculiar fue llevado a cabo por una sola vocal la doctora Tania Arias Manzano, afín a Rafael Correa y no por el pleno del consejo. Y fue precisamente mediante este tipo de vicios que se designó a Paulina Aguirre como presidenta del actual corte nacional de justicia. Pero la mencionada no escatimó en faltar al debido proceso y la fe pública para lograrlo al punto que no rindió las pruebas psicológicas ni él examen teórico de oposición, como se demuestra en la siguiente compilación de documentos y pruebas certificadas obtenidas en el consejo de la judicatura. 

Primero: con oficio del 14 de noviembre de 2018 y oficio de 20 de noviembre de 2018 se remitieron seis mil 393 copias certificadas en relación a los expedientes dentro del concurso de méritos y oposición suscritos por la directora nacional de talento humano director de tecnologías de la información y comunicaciones y secretaria general encontrándose que dentro del expediente de la doctora María Paulina Aguirre Suárez no se encuentra la prueba teórica.

Segundo: en oficio del noviembre de 2018 suscrito por la secretaria general del consejo nacional de la judicatura en el que se detalla: "no se encuentra el examen teórico de oposición de la doctora María Paulina Aguirre Suárez". 

Tercero: del archivo general administrativo del 16 de noviembre de 2018 se informa que: en los archivos de secretaria general del consejo de la judicatura de un total de 14 cajas en documentos de experiencias específicas de los años 2011 y 2012 no se encuentra el examen de la doctora María Paulina Aguirre.

Cuarto: que dentro de la búsqueda en un total de nueve cajas que corresponden a los años 2011-2012 de los archivos de la escuela de la función judicial no se encuentra el examen teórico de oposición de la doctora María Paulina Aguirre.

Quinto: que dentro de los archivos de la dirección de talento humano del consejo nacional de la judicatura luego de buscar en un total de 23 cajas de documentación generada y recibida en los años 2011-2012 no se encontró el examen teórico de la actual presidenta de la corte nacional de justicia.

Sexto: que luego de buscar en 23 cajas correspondientes a los años 2011 y 2012 del archivo de la presidencia del consejo nacional de la judicatura no se encontró la prueba teórica de la doctora María Paulina Aguirre.

Séptimo: Conclusión: en 69 cajas de cuatro unidades de la función judicial no aparece este requisito indispensable establecido en el artículo 27 del instructivo para el concurso de méritos y oposición lo grave es que estas pruebas se dieron en un sistema informático en el cual se registran los otros 18 postulantes pero extrañamente no aparecen las pruebas de Paulina Aguirre, Oscar Bermúdez y Wilson Andino. Es decir, la actual presidenta de la corte nacional de justicia no rindió el examen teórico de oposición y a pesar de ello fue nombrada jueza de la corte nacional de justicia. Dicho examen equivalió a 30 puntos dentro de la evaluación tal como lo establece el artículo 31. Por tanto, si llegaran a aparecer las pruebas de Paulina Aguirre habría que confirmar si efectivamente ella obtuvo el mínimo requerido. Ahora veremos como Paulina Aguirre, además de mantenerse durante siete años ilegítimamente en el cargo de presidenta de la corte nacional de justicia, pretende ser ella quien postula la terna para el concurso del nuevo consejo de la judicatura que organiza el consejo de participación ciudadana y control social con la ventaja que, tal como establece la ley de la terna enviada por la corte nacional de justicia, se nombrará al presidente o presidenta del consejo de la judicatura. 
Agarrate porque ahora demostraremos con documentos certificados por y Paulina Aguirre no está facultada para remitir la terna al consejo de participación ciudadana y control social y por qué la principal de la terna propuesta por ella María Rosa Merchán Larrea no es idónea para el cargo presidenta de la judicatura y de como infringió la ley y faltó a la fe pública para forzar su postulación.

Primero: el informe certificado de búsqueda del consejo de la judicatura en el que se demuestra que Paulina Aguirre no cumplió con los procedimientos y pruebas básicas e indispensables para ocupar el cargo, lo que inevitablemente debió haber obligado a que el pleno del consejo de participación ciudadana y control social a rechazar y devolver la terna que remitió la doctora María Paulina Aguirre Suárez en la que constan María Rosa Merchán Larrea, Julio Enrique Arrieta y María del Carmen Maldonado, ya que Aguirre no cumple los requisitos de idoneidad al haber sido nombrada de manera ilegítima en el cargo de presidenta de la corte nacional de justicia. Vale destacar que uno de los postulados Julio Enrique Arrieta es compañero sentimental de Paulina Aguirre y su hija Camila Judith Arrieta Garcés trabaja junto a Aguirre en el departamento de asesoría jurídica y cooperación internacional adscrito a la presidencia de la corte nacional. El artículo 179 de la constitución de la república establece que el consejo de la judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la corte nacional de justicia cuyo representante lo presidirá. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el consejo de participación ciudadana y control social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posible de una impugnación ciudadana. Sin embargo, al ser Paulina Aguirre y legítimamente designada como jueza nacional y actualmente presidenta de este organismo, carece de probidad e idoneidad para con su sola firma remitir al consejo de participación ciudadana transitorio una terna para designar delegado de la corte nacional de justicia en el nuevo consejo de la judicatura. Y, peor aún, si éste se convertirá en el nuevo presidente del consejo de la judicatura. 

Pero esto no termina allí. La terna enviada por Paulina Aguirre está presidida por María Rosa Merchán Larrea de quien también se ha comprobado existieron ilegalidades para su designación como jueza ya que participó en el mismo concurso amañado en el que Paulina Aguirre quedó designada jueza en el año 2011. 

Entre las pruebas se destacan: 

Dentro de los archivos del consejo de la judicatura no se encontraron las pruebas psicológicas que supuestamente rindió María Rosa Merchán. Además, en cada uno de los expedientes de los 21 jueces y juezas que ganaron el concurso del 2011 solo se encuentra los requisitos que presentaron ya cuando fueron proclamados ganadores y no existe evidencia alguna de los documentos que debieron presentar en la fase de postulación. Entre ellos la doctora María Paulina Aguirre Suárez y la doctora María Rosa Merchan. A la fecha del 2011 María Rosa Merchán tenía impedimento de ejercer cargo público por parte del ministerio de relaciones laborales sin embargo al verificar aquello dentro de su expediente no se encontró documento que certifique dicha inhabilidad, lo que demuestra la falta a la fe pública dentro del proceso. En su expediente de perfil profesional María Rosa Merchán dentro de su hoja de vida a la fecha del año 2011 dice ser especialista en procedimientos constitucionales de la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, al consultar el portal web de la cnc este título recién fue registrado en legal y debida forma el 15 de febrero de 2012 con el número de registro 10 06 12 74 29 76. 

Factores de Poder también pudo revisar prolijamente el expediente presentado por María Rosa Merchán Larrea en el año 2011 y constatamos que en este se encuentra un documento emitido por la SENECYT respecto de su educación superior con fecha del 26 de junio de 2018. Pero: como puede ser posible que se haya incorporado a la documentación de un concurso realizado el año 2011 un documento con fecha del 2018? La respuesta podría estar en este otro documento donde su amiga Paulina Aguirre es quien la postula al consejo de la judicatura solicita poder sacar copias de la documentación dentro del sistema de archivos de la judicatura con lo cual pudo tener acceso a los archivos. 

Factores de Poder pudo constatar que toda esta información ya fue entregada al pleno del consejo de participación ciudadana y control social en copias debidamente certificadas por las diferentes instituciones del estado involucradas y que actualmente su principal, el doctor Julio César Trujillo, estaría a punto de suspender el proceso de selección y designación de los miembros del consejo de la judicatura, ya que al momento se evalúen las graves implicaciones legales que repercutirían sobre los miembros del consejo de participación ciudadana quienes si a sabiendas de todas estas graves infracciones dieran paso al concurso y nombraran dichas autoridades. 

Julio César Trujillo y los miembros del consejo de participación ciudadana no se equivocan al advertir las graves consecuencias ya que los delitos en los que podrían incurrir son: Confusión (artículo 281), código integral penal, tráfico de influencias (artículo 285), usurpación y simulación de funciones públicas (artículo 287), fraude procesal (artículo 272), falsificación y uso de documentos falsos (artículo 328). 

En el caso de la actual presidenta de la corte nacional de justicia Paulina Aguirre queda claro que ha cometido concurrencia de gravísimas infracciones y cabe la destitución inmediata misma que es facultad del actual consejo de participación ciudadana y control social conforme al artículo 109 numeral 9 del código orgánico de la función judicial y el artículo 11, literales A, B, C y D del reglamento de concursos de méritos y oposición impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de servidores de la función judicial. Así como también y debido a lo revelado suspender el actual concurso para designar a los miembros del consejo de la judicatura. De no hacerlo se convertirán en coautores y cómplices de toda esta barbarie procesal. 

Sin embargo, esto no parece importarle mucho a uno de los vocales del consejo de participación ciudadana el doctor Javier Zavala Egas, quien en la última sesión del pleno realizada el 10 de enero de 2018 manifestó que el proceso de impugnación se haga lo más rápido posible, ligereza fuera de lugar o sospechosa en tan importante proceso para el Ecuador. 

"Quisiera que se disponga que por secretaría se establezcan las audiencias de impugnación lo más rápido posible presidente en árabe y en función del tiempo." 

Si hasta el momento todo lo presentado en este reportaje ha causado asombro y conmoción, tomen asiento porque lo que viene es la cereza del pastel. Agárrense, porque a continuación demostraremos que los 21 jueces de la corte nacional de justicia designados en el concurso del 2011 durante el correísmo son ilegítimos. 

De acuerdo al reglamento vigente para el concurso, en su artículo 35 debía emitirse un informe final del proceso por parte del director nacional del consejo nacional de la judicatura el cual no existe. Luego, en la sesión ordinaria del martes 24 y miércoles 25 de enero del 2012 en la que según el punto 3 que dice "conocimiento y aprobación de la unidad de recursos humanos en aplicación al artículo 39 del instructivo para el concurso de méritos y oposición impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de juezas y jueces de la corte nacional de justicia y declaración de los ganadores del concurso para designar a las juezas y jueces" se da lectura al informe presentado mediante memorando 0262 DNP CJP 2012 del 24 de enero de 2012 suscrito por el doctor Fernando Yépez Villacís, director nacional y personal, el cual anexa el informe técnico de revisión de documentos del concurso de la corte nacional de justicia emitido por el licenciado cristian castillo peñaherrera coordinador de dicho concurso.

En base a dicho informe se declaran como ganadores a los postulantes que constan en la resolución en el que en apenas 4 fojas, sin ningún tipo de análisis técnico, jurídico, administrativo, ni motivación, se enlista a los 21 ganadores del referido concurso. Lo curioso de esta importante sesión donde se decidiría en manos de quien quedaría el manejo de la justicia ecuatoriana es que el pleno al inicio de ella aprobó inusualmente que la misma no sea grabada, evidentemente para no dejar huella de lo actuado. Además, a pesar de tratarse de una sesión en donde se iba a tratar un tema de importancia nacional, siendo las 12 horas y 20 minutos del 24 de enero de 2012, la vocal Tania Arias abandona la sesión para viajar a la ciudad de cuenca a inaugurar un edificio.

Agarrate tuvo acceso en exclusiva al documento final mediante el cual se designa a los 21 jueces de la corte nacional de justicia. La ilegalidad de este proceso se consuma cuando el informe definitivo de fecha 1° de febrero del 2012 el cual simplemente es una copia íntegra del instructivo y que no detalla proceso de selección, contiene pies de firma pero no está firmado por nadie. Paulo Rodríguez, presidente del consejo de la judicatura de transición, Tania Arias, vocal, Fernando Yávar vocal y Mauricio Jaramillo Velástegui, director general del consejo de la judicatura y encargado de la secretaria, quienes estaban tan conscientes de las irregularidades que estaban cometiendo al nombrar a Paulina Aguirre Rosa Merchán y a 19 jueces más de forma fraudulenta e ilegal que sus consciencias no les permitieron suscribir sus firmas en el informe definitivo del concurso. 

Así es, aunque parezca increíble, nunca se concluyó el acto administrativo del nombramiento de los 21 jueces de la corte nacional de justicia de Ecuador. Es decir, el concurso mediante el cual se designaron y posesionaron los 21 jueces de la corte nacional carece de legitimidad. 

El Ecuador ha pasado por la más profunda crisis judicial de toda su historia. Lo documentado en este reportaje ratifica la necesidad que tienen los ecuatorianos de sanear las cortes y velar por la institucionalidad del actual y futuro consejo de la judicatura. Más aún, después de haber sufrido lo que significa que una sola persona maneje cual marioneta todas las funciones del estado, manteniendo en la impunidad desde el robo al erario nacional hasta secuestros y asesinatos de opositores. 

Actualmente este país sudamericano vive un estado de transición y si quienes están en la responsabilidad de hacerlo no logran ahora que pueden erradicar a priori las prácticas mañosas de la década pasada y de los súbditos del correísmo, que buscan seguir empoderados de la justicia para resucitar su barbarie y sus excesos a punta de impunidad, podrían quienes hoy día en las instituciones ilusamente por error u omisión haberse convertido en la alfombra roja que en poco reciba con laureles a otro consejo de la judicatura como el de Paulo Rodríguez o el de Gustavo Jahlk o, lo que es peor, a quienes se encuentran prófugos por sus execrables delitos quienes además para riesgo del ecuador y los ciudadanos volverán con sed de venganza y sin ánimo de volverse a ir.

Video original: Factores de Poder