Riesgos a la salud y estudios

Desarrollo de la Industria Petrolera en la Amazonía ecuatoriana (Primera Parte)

27/02/2012

[Nota del editor: En esta serie de tres documentos, Douglas Southgate, un economista y profesor de Ohio State University, aborda cuestiones clave en relación al tema de las demandas ecuatorianas por “temerarios daños ambientales” en contra de Chevron, y por extensión, en contra de las multinacionales petroleras. La segunda y tercera parte se referirán a otros cargos en el sentido de que la pequeña nación sudamericana poco se ha beneficiado del desarrollo energético y que los daños ambientales son de exclusiva responsabilidad de las empresas extranjeras. La publicación de estos artículos es particularmente oportuna a la luz de un artículo recientemente aparecido en The New Yorker, [ii] así como de un nuevo libro sobre la construcción del oleoducto Trans-Andino, [iii] y de otras publicaciones que critican las acciones de las firmas petroleras extranjeras en el Ecuador.] La primera parte de esta serie cuestiona las siguientes acusaciones del régimen ecuatoriano (y de quienes lo apoyan en los Estados Unidos):

• (1) El Ecuador fue una víctima inocente, seducida por el canto de sirena de las grandes compañías petroleras, que además se convirtió en un vasallo de sus intereses;
• (2) La relación del Ecuador con su potencial petrolero fue meramente pasiva; y que
• (3) Los fondos provenientes de la explotación petrolera no beneficiaron al Ecuador. 

En realidad, el país se ha movido agresivamente para quedarse con la mejor parte de los beneficios derivados de la inversión privada. La verdad es que un proceso de nacionalización y la creación de impuestos han hecho que el gobierno se quede con el 97.3%, equivalentes a 22.700 millones de dólares, de los ingresos derivados de la concesión originalmente desarrollada por Texaco y Gulf entre 1972 (cuando inició la producción y exportación de petróleo) y 1992 (cuando la compañía estatal petrolera ecuatoriana se convirtió en propietaria absoluta de la concesión).

[i] El marco legal Las constantes apelaciones hechas a la @@sentencia@@ emitida en febrero de 2011 por una corte provincial en la Amazonía del Ecuador así como las acusaciones de fraude en contra de los abogados de los demandantes [iv] son notables acontecimientos recientes en una campaña legal lanzada hace casi veinte años en contra de la Texaco, compañía que junto a Gulf Corporation inició en la década de los 60 las tareas de perforación petrolera en la región, y que a partir de 2001 está afiliada a Chevron. De manera más amplia, la @@sentencia@@ de la corte y las acusaciones de fraude marcan el último capítulo en un conflicto de larga data que involucra a ambientalistas ecuatorianos y a sus cómplices internacionales, para bloquear la extracción de combustibles fósiles en el Oriente (como se conoce localmente a esta área). Subyacente a la campaña legal y al movimiento en contra del desarrollo petrolero, está un relato sobre la participación de compañías petroleras extranjeras en países como el Ecuador. 

Un elemento clave de este relato es que los países anfitriones están siempre acomodándose en los acuerdos que logran con empresas como la Texaco. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, ha sido supuestamente “demasiado débil para controlar a estas poderosas industrias.”[v] Específicamente en relación a los inicios de la producción petrolera en el Ecuador, “el liderazgo de la compañía estatal petrolera o del Ministerio de Energía, fueron asumidos por individuos que estaban abiertamente al servicio de corporaciones multinacionales, o por personas que no tenían conocimiento alguno sobre la industria”.

[vi] Nunca una “República Bananera”

Esta imagen de incompetencia y acomodos sin embargo no cuadra con la sistemática y férrea defensa de su propia soberanía. Asolado por la Gran Depresión, el país no obstante impuso límites a la propiedad de tierras por extranjeros a finales de los años 30, y tomó otras medidas para evitar que compañías como la United Fruit dominara la producción y exportación de banano. [vii] En 1952, Ecuador se unió a Chile y a Perú en su declaración de derecho territorial sobre las 200 millas marítimas. Esto precipitó la “Guerra del Atún” con los Estados Unidos, país que había objetado cualquier extensión territorial más allá del tradicional límite de las 12 millas marinas. 

En base al número de barcos de pesca de bandera de los Estados Unidos capturados por la Armada del Ecuador, se colige que este conflicto fue especialmente grave a fines de los 60 y comienzos de los 70, [viii]—precisamente cuando Texaco y Gulf descubrían y desarrollaban los depósitos petroleros en el Oriente. En su afán de jamás verse entregado a los intereses extranjeros, el gobierno del Ecuador tomó la iniciativa de salvaguardar las fronteras del país, a fin de que el Oriente y los recursos del subsuelo no se perdieran a manos de los países vecinos. Una vez que lo logró, se inició un proceso para alcanzar la nacionalización de la industria petrolera en el país. Gracias a los dividendos obtenidos por esta medida, así como al aumento gradual de las regalías y los impuestos sobre las rentas, el gobierno se aseguró convertirse en el principal beneficiario del desarrollo petrolero.

Colonización de la Amazonía para proteger las fronteras

A fin de garantizar que ningún poder foráneo se sintiera tentado de invadir el territorio ecuatoriano, se fortaleció la frontera oriental y la nororiental. Adicionalmente, se crearon “fronteras vivas” de manera similar a lo que se estaba haciendo en otros países de América del Sur. La abogada Judith Kimerling, quien durante mucho tiempo había criticado el desarrollo petrolero en el Oriente, anotó que las autoridades nacionales trataban a la región como “una frontera a ser conquistada” y aplicaron “políticas agresivas” para promover la colonización por forasteros. 

De igual manera, señala la activista, el gobierno central tenía un motivo adicional para estimular los asentamientos en la selva tropical amazónica: necesitaba reducir el número poblacional en los lugares de origen de los migrantes para así bajar la presión política por la redistribución de tierras. [ix] El descubrimiento de petróleo brindó al gobierno del Ecuador una oportunidad excepcional para promover la colonización. Se ordenó a la Texaco y a la Gulf invertir 55.5 millones de dólares en la construcción de carreteras y en otras obras públicas. [x] Se notificó a los agricultores que hicieran uso de esta infraestructura para migrar al este de la región andina, que se les entregarían títulos de propiedad solo si talaban los bosques para obtener tierras de cultivo y pastoreo. La misma regla se aplicó a los indígenas que habitaban la región. [xi] Como el economista Sven Wunder anotara, la expansión geográfica de la agricultura a costa de la selva tropical fue también un resultado de las restricciones gubernamentales en relación con las importaciones de productos ganaderos.

Dadas tales restricciones, la demanda de los ecuatorianos de productos ganaderos, la misma que se vio rápidamente incrementada de la mano con el aumento del poder adquisitivo derivado del desarrollo de las fuentes de energía, fue básicamente satisfecha desde las tierras deforestadas dentro de las fronteras ecuatorianas.[xii] Además, se establecieron subsidios a los combustibles, lo que fue particularmente beneficioso para las propiedades agrícolas localizadas en lugares remotos como el Oriente ecuatoriano.

[xiii] En resumen, las investigaciones muestran que los líderes del país hicieron todo lo posible por establecer la infraestructura necesaria para una colonización agrícola y asumieron diversas políticas para fomentar el asentamiento de agricultores en el Oriente, lo que afianzó la presencia del Ecuador en la región.

Mantener a los negocios extranjeros bajo control

En respuesta a la necesidad de contraatacar las amenazas a su integridad territorial, el gobierno del Ecuador se aseguró de imponer su autoridad sobre las compañías petroleras extranjeras que operaban en el Oriente. En un plazo de dos años luego de los primeros descubrimientos de petróleo por el consorcio Texaco-Gulf se establecieron nuevas condiciones para las compañías petroleras. 

En 1969 el consorcio recibió un cronograma para reemplazar a los empleados extranjeros por personal ecuatoriano y se le ordenó devolver alrededor de dos tercios de su concesión original, lo que equivalía a aproximadamente 1.400 hectáreas. [xiv] En 1973 se reorganizó la industria, apenas un año después de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, justamente cuando iniciaba la producción y exportación de petróleo. 

Se redujo la participación de cada empresa petrolera extranjera al 37.5 por ciento, a fin de transferir el 25% de patrimonio a la recientemente establecida compañía petrolera estatal, actualmente denominada Petroecuador. Tras esta reorganización, Gulf decidió que no era rentable continuar haciendo negocios en el Oriente; de hecho, Kimerling opina que el gobierno ecuatoriano “forzó la salida de la Gulf.” [xv] En 1976, la compañía entregó su participación en el consorcio a su socia estatal. 

Esta transacción fue completada al año siguiente; así, entre 1977 y 1992 la compañía estatal logró una participación del 62.5%. Al final de este período, Petroecuador también adquirió la participación de Texaco en el consorcio.

El premio mayor

Con el control del gobierno en el Oriente y las empresas extranjeras instaladas en la zona, las autoridades nacionales se concentraron en absorber la riqueza petrolera.

Los primeros cambios fiscales realizados en 1969 fueron más bien moderados: un impuesto a la tierra, originalmente establecido en $0.25/hectárea, fue gradualmente incrementado a $0.40/hectárea y las regalías por producción fueron ajustadas del 6 al 11 por ciento de los ingresos de exportación.[xvi] Como ya se mencionó, se hicieron cambios trascendentales en 1973; aparte de haber tomado los primeros pasos hacia la nacionalización de la industria, funcionarios del nuevo gobierno militar incrementaron la tarifa de las regalías del 11 al 16 por ciento para los ingresos por exportaciones, además de establecer un impuesto a la renta.

[xvii] Según los informes presentados al Ministerio de Finanzas entre 1972 y 1977, la tasa impositiva efectiva sobre las ganancias del consorcio pasó del 44.4 al 87.31 por ciento.

Exprimir a la “Gallina de los huevos de oro”

Kimerling estima que entre 1972 y 1982, el estado ecuatoriano recibió dividendos, regalías de producción e impuestos a la renta por un total de 7.4oo millones de la concesión originalmente desarrollada por la Texaco y Gulf. [xviii] Sin embargo, esta cifra es un monto subestimado. 

Según información obtenida a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ecuador, así como de los informes de las compañías y de otras fuentes, los beneficios tangibles para el gobierno nacional – que consistían en 

• (1) ingresos contables de la compañía estatal petrolera ecuatoriana,
• (2) regalías canceladas, ya sea en efectivo o en petróleo crudo,
• (3) impuesto a la renta pagado por laGulf (antes de 1977) y la Texaco, y
• (4) ventas de crudo a precios inferiores a los establecidos en los mercados internacionales – ascendieron a 22.700 millones de dólares de 1972 a 1992.

Estos beneficios eclipsaron las ganancias de 480 millones logradas por Texaco luego del pago de impuestos durante el mismo período, y qué decir de las ganancias de la Gulf luego del pago de impuestos que llegaron a 149 millones de dólares antes de 1977.[xix] En otras palabras, el gobierno nacional acaparó el 97.3 por ciento de los ingresos monetarios derivados de la inversión de la Texaco y la Gulf en el Oriente ecuatoriano, las que dejaron un 2.7 por ciento para las dos firmas norteamericanas.

[i] Brent C. Kaczmarek, Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA), Claimants, vs. The Republic of Ecuador, Respondent (Washington: Navigant Consulting, Inc., September 6, 2010), 22-35. [ii] Patrick Radden Keefe, “Reversal of Fortune,” The New Yorker, January 9, 2012, pp. 38-49. [iii] Patricia Widener, Oil Injustice: Resisting and Conceding a Pipeline in Ecuador (Lanham: Rowman and Littlefield, 2011). [iv] Wall Street Journal, “Shakedown in Ecuador: The Comedy of Legal Errors against Chevron,” February 16, 2011 (http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703652104576121941625806096.html). Roger Parloff, “How Did Extensive Language from the Plaintiffs’ Internal Files End up in the Judge’s Ruling?” Fortune, May 31, 2011 

(http://features.blogs.fortune.cnn.com/2011/05/31/new-fraud-allegations-in-the-chevron-lago-agrio-case/). [v] Peter Maass, Crude World: The Violent Twilight of Oil (New York: Alfred A. Knopf, 2009), 81. [vi] Alberto Acosta, La Maldición de la Abundancia (Quito: Abya-Yala, 2009), 31 (traducción del autor). [vii] Registro Oficial No. 223, Quito, 23 de Julio de 1938. [viii] Ronn Pineo, Ecuador and the United States (Athens: University of Georgia Press, 2007), 174-177. [ix] Judith Kimerling, Amazon Crude (Washington: Natural Resources Defense Council, 1991), 39-40. [x] Guillaume Fontaine, El Precio del Petróleo: Conflictos Socio-Ambientales y Gobernabilidad en la Región Amazónica (Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007), 37. Oil & Gas Journal, “Texaco’s Ecuador Record Still Intact,” April 28,1969, 48. [xi] Theodore Macdonald, Jr., “Indigenous Responses to an Expanding Frontier: Jungle Quichua Economic Conversion to Cattle Ranching,” in Cultural Transformations and Ethnicity in Modern Ecuador, edited by Norman Whitten, Jr. (Urbana: University of Illinois Press, 1981), 356-383. [xii] Wunder, Oil Wealth and the Fate of the Forest, 224-227. [xiii] Douglas Southgate, “Policies Contributing to Agricultural Colonization of Latin America’s Tropical Forests,” in Managing the World’s Forests, edited by Narendra P. Sharma (Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company, 1992), 215-235. [xiv] John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador (New Brunswick: Transaction Books, 1987), 59. [xv] Kimerling, Amazon Crude, 43. [xvi] Frank J. Gardner, “Oriente: The Hottest New Latin Oil Patch in Years,” Oil & Gas Journal, March 24, 1969, 63. [xvii] Oil & Gas Journal, “Texaco-Gulf, Ecuador Sign New 20 Year Deal,” August 13, 1973, 45. [xviii] Ibid., 46. [xix] Brent C. Kaczmarek, Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA), Claimants, vs. The Republic of Ecuador, Respondent (Washington: Navigant Consulting, Inc., September 6, 2010), 22-35. ------------------------- Douglas Southgate, economista y profesor de Ohio State University, recibió una licenciatura de la University of Oregon y un doctorado en economía del medio ambiente de la University of Wisconsin. En 1987 trabajó como investigador de la Comisión Fullbright en el Ecuador y regresó al mismo país en 1990 para participar en un contrato por tres años en la USAID. En el 2011, el Dr. Southgate fue nombrado co-director del Ohio State University’s Subsurface Energy Resource Center. Ha servido de @@perito@@ en el juicio ambiental que Chevron enfrenta en el Ecuador, aunque esta publicación se basa en investigaciones que no están relacionadas con este caso.

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