Colonización y deforestación

Desarrollo de la Industria Petrolera en la Amazonía ecuatoriana (Tercera Parte)

27/02/2012

[Ed. Note: [Nota del editor: En esta serie de tres artículos, Douglas Southgate aborda cuestiones clave en relación al tema de las demandas ecuatorianas por “temerarios daños ambientales” en contra de Chevron y, por extensión, en contra de las multinacionales petroleras. La primera parte de esta serie cuestiona la idea de que la actitud pasiva del Ecuador en relación a sus propios recursos, condujo a su explotación por las grandes compañías petroleras. La segunda parte analizó los beneficios económicos del desarrollo de los combustibles fósiles en el país.]

El presente artículo refuta la acusación de que el daño ambiental es de exclusiva responsabilidad de las firmas extranjeras. De hecho, Petroecuador, la compañía estatal petrolera ecuatoriana, es la principal responsable de la degradación ambiental en la región amazónica. La publicación de estos artículos es particularmente oportuna a la luz de un artículo recientemente aparecido en The New Yorker, [i] así como de un nuevo libro sobre la construcción del oleoducto Trans-Andino, [ii] y de otras publicaciones que critican las actividades de las compañías petroleras extranjeras en el Ecuador. 

Miles de millones para el Gobierno, nada para el Medioambiente Quienes se oponen al desarrollo petrolero en la Amazonía del Ecuador (Oriente) sostienen que el daño a los recursos naturales de la región es el resultado del dominio de las compañías petroleras extranjeras en el país. 

Sin embargo, en el primer documento de esta serie sobre la campaña anti petrolera, demostré que el Gobierno del Ecuador realmente ejerció un poder considerable en sus arreglos con las compañías extranjeras. Poco después del descubrimiento del petróleo en el Oriente, las autoridades ecuatorianas obligaron a las compañías petroleras extranjeras a invertir decenas de millones de dólares en infraestructura de transporte, a fin de facilitar la colonización, proceso que realmente no interesaba a las empresas. 

Una vez que en 1972 se inició la producción y comenzaron las exportaciones petroleras, el gobierno incrementó las regalías generadas por la actividad petrolera y los impuestos a la renta y emprendió en la nacionalización de la industria. De 1972 a 1992, el gobierno obtuvo 22.700 millones de dólares de la concesión originalmente desarrollada por la Texaco y la Gulf; sin embargo, en este período apenas ejerció su influencia para aplicar o fortalecer medidas preventivas. 

Aún en 1990, cuando las responsabilidades operacionales de la concesión Petroecuador-Texaco pasaron de la firma petrolera extranjera a su socio estatal, el presupuesto anual para protección ambiental en el sector energético y minero alcanzaba el mísero monto de $10.000 más sueldos. 

El historial de la compañía estatal Las actitudes y políticas ambientales de Petroecuador probaron ser poco satisfactorias una vez que la compañía estatal se convirtió en la única responsable de la concesión, lo que debilita el reclamo de que los controles ambientales en el Ecuador eran débiles dada la presión e influencia de las multinacionales. Por ejemplo, en febrero de 1993, la firma estatal estableció tres campos de exploración en la Reserva del Cuyabeno, un área protegida en el Oriente ecuatoriano que albergaba asentamientos indígenas. 

Estas actividades se iniciaron sin la notificación previa a las autoridades de la reserva y a las comunidades indígenas, como lo demandaba la ley. Luego de un reportaje de televisión presentado a fines de abril, se celebró un encuentro público organizado por el director del parque nacional, quien impuso la multa máxima posible de $315 a la firma estatal. Lo más significativo fue que se ordenó cerrar sus campos a Petroecuador, compañía que nunca había sido penalizada por daño ambiental. Esta orden permaneció en vigencia solo por tres meses. 

En septiembre se informó al director del parque nacional que se procedería a realizar perforaciones de carácter exploratorio en la Reserva del Cuyabeno.[iii] En los años siguientes se obtuvo pruebas adicionales de la negligencia ambiental de la estatal. Luego de una auditoría supervisada por el gobierno, en 1995 se repartieron las responsabilidades de la remediación entre Petroecuador y Texaco por la concesión que habían compartido. Petroecuador aún tiene que cumplir con su parte; Texaco, por el contrario, lo hizo en solo tres años en los que se invirtieron 40 millones de dólares en el cierre de piscinas de desechos y remediación ambiental. 

En 1998, luego de haber completado su trabajo, el gobierno otorgó a Texaco una liberación total y completa de cualquier responsabilidad ambiental relacionada con sus operaciones en el Ecuador. [iv] Aun cuando los acuerdos individuales de producción contenían directrices medioambientales, un código regulador específico, a ser aplicado de manera uniforme en toda la industria petrolera, no existió por más de veinte años posteriores al descubrimiento de petróleo cerca de Nueva Loja. El primer código de tales características fue promulgado en 1992[v], el mismo que en 1995 fue sustituido por una nueva reglamentación global [vi] tres años después de que Petroecuador se convirtiera en el único propietario y operador de la concesión que Texaco y Gulf desarrollaron a finales de la década de los 60. 

Recuperando el historial Como anotaba en mi primera entrega, un relato falaz envuelve a la campaña en contra del desarrollo petrolero en el Oriente ecuatoriano; un relato que acusa la explotación sin límites de los recursos naturales y el saqueo medioambiental por las compañías petroleras extranjeras. Una lectura diferente resulta cuando se examina la verdadera historia de este desarrollo. El punto de partida de esta versión es la participación del gobierno del Ecuador y de la compañía estatal petrolera ecuatoriana. 

Las autoridades nacionales, en primer lugar, respondieron al descubrimiento del petróleo con medidas para proteger las fronteras internacionales (en buena parte a través de la promoción de la migración y la consecuente deforestación); en segundo lugar, recortaron los derechos de las empresas extranjeras y nacionalizaron la industria petrolera, y, finalmente, captaron petrodólares. La fidelidad a la historia demanda además hacer un reconocimiento del progreso socioeconómico que el Ecuador ha experimentado a partir de los años 70. 

Los estándares de vida material, supervivencia infantil, expectativa de vida al nacer y otros indicadores de bienestar humano han llegado a niveles que jamás se pensaron posibles hace cuarenta años. De hecho, el progreso en el Ecuador se puede comparar positivamente con lo que se ha conseguido en la región gracias a la riqueza petrolera y no a pesar de ella. El elemento final de este registro histórico guarda relación con el manejo medioambiental del gobierno nacional, la última autoridad en el tema, no así las compañías petroleras extranjeras. 

El estado esperó por décadas para codificar una serie de regulaciones medioambientales para la industria petrolera, mientras cosechaba miles de millones de dólares en dividendos, impuestos y otros beneficios antes de promulgar regulaciones específicas. Basada en esta interpretación errónea de la historia, la campaña en contra del desarrollo petrolero en el Oriente ecuatoriano puede tener consecuencias muy significativas. Algunas de éstas son inconfundibles, en especial la falta de incentivos para invertir en el Ecuador pues una compañía puede eventualmente verse enfrentada al pago de miles de millones de dólares por reclamos judiciales, largo tiempo después de que sus operaciones se hayan visto gravadas con altos impuestos y finalmente nacionalizadas. 

Pero el hecho de que la campaña pueda o no beneficiar al Ecuador en general, y a la Amazonía en particular, se verá solo luego de los acontecimientos que aún se están desarrollando. ¿Será que Petroecuador y sus nuevos socios extranjeros (de países como China y Venezuela) realmente protegerán el medioambiente de mejor manera que las compañías de los Estados Unidos? ¿Será que estos nuevos socios utilizarán mejores tecnologías para explorar y extraer combustibles fósiles, aumentando así la producción y bajando los costos? ¿Acogerán acaso con más sensibilidad las cargas financieras que imponga el gobierno del Ecuador? En los próximos años se resolverán temas como estos, seguramente en perjuicio del Ecuador.

[i] Patrick Radden Keefe, “Reversal of Fortune,” The New Yorker, January 9, 2012, pp. 38-49. [ii] Patricia Widener, Oil Injustice: Resisting and Conceding a Pipeline in Ecuador (Lanham: Rowman and Littlefield, 2011). [iii] Douglas Southgate and Morris Whitaker, Economic Progress and the Environment: One Developing Country’s Policy Crisis (New York: Oxford University Press, 1994), 83. [iv] The Economist, “Justice or Extortion? The Hounding of an American Oil Company,” May 23, 2009, p. 42. [v] Registro Oficial No. 888, Quito, 6 de marzo de 1992. [vi] Registro Oficial No. 766, 24 de agosto de 1995.

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