Firma londinense, magnate del póker, financia a los demandantes contra Chevron

Forbes 27/01/2011

Un magnate del póker online y una firma londinense especializada en  @@financiar@@ demandas colectivas, son algunos de los inversionistas que se  han unido a la prolongada demanda por contaminación entablada en contra  de Chevron Corporation en la Amazonía ecuatoriana.  

Su participación  podría apuntar a que ambos esperan un lucrativo arreglo, o simplemente  reflejan una arriesgada apuesta en un juicio que hasta ahora les ha  costado a los demandantes más de siete millones de dólares en gastos,  solo para lograr un magro resultado. Las inversiones están detalladas en documentos conectados con el caso  que han sido presentados ante una corte de Estados Unidos.  

Tales  documentos han permitido conocer detalles sobre una moderna demanda  colectiva entablada en contra de una empresa multinacional, que incluye  pagos de hasta 10 mil dólares mensuales a expertos en relaciones  públicas, cientos de miles de dólares en pasajes aéreos y estrategias  dirigidas a distintos frentes para presionar a Chevron y convencer a la  firma de llegar a un acuerdo extrajudicial.  

Un esquema compartido por  los demandantes con los inversionistas, muestra a la compañía petrolera  en el centro de un “cerco de presión”, que incluye a los fondos de  pensión, Procuradores Generales del Estado, y a Carol Browner,  ex  asesora en temas de energía y cambio climático de la administración del  presidente Obama.

Según mensajes electrónicos confidenciales y otros documentos  presentados ante la corte, el abogado Steven Donziger consiguió que  J.  Russell DeLeon, un egresado de la Harvard Law School y fundador de  PartyGaming, una firma de póker online,  invirtiera por lo menos 1.6  millones de dólares en el caso, a cambio de por lo menos un 6% de los  honorarios previstos, que equivaldrían al  25% o 30% de cualquier  arreglo.

Estos documentos igualmente revelaron que Burford Group, una firma  londinense que se especializa en @@financiar@@ demandas colectivas, también  habría ingresado al grupo de financistas del litigio. Burford se negó a hacer comentario alguno; sin embargo, en agosto de  2010, información aparecida en varios correos electrónicos detalla las  negociaciones entre Donziger y Burford sobre un compromiso de aporte de  capital por 15 millones de dólares,  en el que Donziger afirma haber  hecho “importantes concesiones”. 

Según un análisis presentado a la  Corte, Burford tendría “derecho preferente” sobre 49.9 millones de  dólares, que obtendría aún cuando el acuerdo fuese menor a los 100  millones, mientras que sus ganancias podrían llegar hasta los 110  millones, siete veces el monto de su inversión, en caso de llegar a un  acuerdo por dos mil millones de dólares.

Un correo electrónico enviado por el presidente de Burford, Chris  Bogart, que fuera presentado ante la corte, propone que la firma sea  tratada como si fuera un abogado dentro del caso, el mismo que recibiría  un pago total sobre su compromiso por 15 millones, aún si el caso se  solucionara antes de que Burford haga efectivo su aporte de capital. 

La  firma propuso además extender el plazo realizando pagos de hasta 4  millones de dólares cada seis meses, una condición que Donziger  considera que “interferiría con su capacidad para litigar el caso, pues  le restaría flexibilidad para responder con eficacia a los distintos  sucesos, conforme estos ocurran”. Donziger ha promovido este litigio desde mediados de los 90, primero en   Estados Unidos y posteriormente en el Ecuador, luego de que Chevron  obtuviera una respuesta favorable a su pedido de trasladar el caso a  este país. 

El abogado dice representar cientos de indígenas quienes,  según él, han sufrido enfermedades y muerte derivados de las  filtraciones de residuos de petróleo crudo desde los sitios de  perforación que fueran operados por Texaco en la década de los 70 y 80.   Texaco es actualmente parte de la firma Chevron. Aún cuando la empresa habría originalmente solicitado que el caso fuera  trasladado al Ecuador, Chevron ha dado una feroz batalla para tratar de  lograr que cualquier @@sentencia@@ emitida en el caso no sea exigible  (aplicable?) en Estados Unidos; así,  la firma ha logrado obtener  pruebas que indican que los procesos [judiciales] han sido corruptos.  

Los abogados de los demandantes afirman que Chevron ha estado  involucrada en la aplicación de tácticas cuestionables, que han incluido  operativos para montar supuestas actividades encubiertas que  determinaron la salida del primer juez que presidió el caso.

Además de atraer a DeLeon y a Burford, Donziger también logró conquistar  a Patton Boggs, un conocido estudio jurídico de Washington y a Motley  Rice, una firma de abogados relacionados con juicios a la industria  tabacalera. Karen Hinton, vocera de Donziger, afirmó lo siguiente sobre los documentos que fueran expuestos a la luz pública: “Durante 17 años los demandantes ecuatorianos han sido superados por  Chevron en todo aspecto, excepto en uno: las pruebas. 

Las pruebas son  lo único que verdaderamente importa y éstas confirman de manera  contundente la contaminación que fue provocada deliberadamente por  Chevron en la selva tropical.  

Con las nuevas inversiones y el  potencial de Patton Boggs y otros estudios jurídicos, los demandantes  están en una posición más fuerte que nunca. Como parte de la estrategia de litigio, Chevron ha demandado a sus  propios demandantes ante las cortes de  Estados Unidos, a fin de obtener  pruebas sobre lo que describe como un fraude en los procedimientos  legales aplicados en su caso en el Ecuador.  

Un juez federal en Nueva  York ordenó a Donziger presentar a la corte sus correos electrónicos  personales y con anterioridad había ordenado al director del documental  Crude que entregara las tomas no utilizadas, las mismas que muestran a  Donziger y a sus colegas en discusiones muy francas, y en ocasiones  hasta embarazosas, sobre sus estrategias y sobre cómo presionar al juez. 

DeLeon, quien vive en Gibraltar, ayudó a @@financiar@@ el documental Crude. Durante años Donziger fue apoyado por el abogado de Filadelfia Joseph  Kohn, quien invirtió alrededor de 7 millones de dólares en el caso. 

Sin  embargo, el año pasado Kohn terminó su relación con Donziger; en una  carta enviada a otro abogado de los demandantes en el mes de agosto,  Kohn afirma que las tomas no utilizadas insinúan que Donziger podría  estar involucrado en “conductas escandalosamente incorrectas” y que  cualquier @@sentencia@@ sería inexigible (inaplicable?) en los Estados  Unidos. Por ese entonces, Donziger habría estado en conversaciones con Burford  sobre una supuesta inversión.  Con términos tales como “pliego (nosotros  decimos “hoja”) de términos”, “tramo” y “términos del acuerdo”, los  correos electrónicos de Burford más parecen una propuesta de inversión  bancaria que a una demanda. 

Bogart, el presidente de Burford, es un  antiguo director jurídico de TimeWarner y abogado de Swaine & Moore,  quien estableció la firma para invertir en litigios que tienen una alta  probabilidad de éxito, pero que requieren de capital para ser llevados  adelante. 

La compañía ha invertido más de 100 millones de dólares en  litigios y hasta diciembre habría recaudado 175 millones para financiar  más casos. La participación de Patton Boggs y Motley Rice apunta a que estos  hábiles estudios jurídicos consideran que aparentemente se podría llegar  a un acuerdo. 

En un memo enviado en el mes de agosto, que discute cómo  se distribuirían los honorarios entre los distintos estudios jurídicos y  financistas involucrados en el caso, se afirma que Donziger recibiría  entre el 31 y el 35%, Motley Rice un 12% y Patton Boggs otro 12%. 

El  mencionado memorando menciona el delicado tema de quién decidiría cuándo  llegar a un acuerdo, ya que Donziger no está autorizado a ejercer su  profesión en el Ecuador y, por lo tanto, técnicamente no representa a  los 48 demandantes nombrados en el caso y los miles de demandantes no  nombrados, quienes buscan obtener más de 100 mil millones de dólares en  compensación por los daños. 

En este documento Donziger concluye que  esto no será motivo de conflicto si los “clientes” son debidamente  notificados. Un acuerdo de varios millones de dólares podría generar 300 millones en  honorarios, una considerable suma a ser compartida entre las distintas  partes que tienen intereses en este litigio. 

Pero mientras más tiempo  se sostenga Chevron, tendrán que arriesgar más dinero en este litigio.  

Un presupuesto enviado a DeLeon por correo electrónico alude a un costo  de un millón mensual durante quince meses, los que incluyen un pago por  gastos en el Ecuador que asciende a $375,000, otro de $195,000 para una  compañía consultora en temas ambientales en  Estados Unidos, además de  $150,000 para Hinton.   

Según estos documentos, hasta la fecha el mismo  Donziger ha presentado facturas por $1.1 millones, mientras el equipo  ha invertido  $214,000 en gastos de viajes y $2.3 millones en pagos a  varios consultores técnicos. 

Además, han contribuido con $184,000 para  Amazon Watch, una organización ambientalista sin fines de lucro que  apoya el litigio.