¿Qué hay detrás de los reclamos ambientales contra Chevron en Ecuador?

JuicioCrudo 09/06/2015

Durante más de 20 años de litigio, se han hecho numerosas aseveraciones sobre supuestos impactos a las personas y al medio ambiente ocasionados por las antiguas operaciones petroleras de Texaco Petroleum Company (Texpet). Estas alegaciones se han repetido durante años por parte del Gobierno de Ecuador y los abogados de los demandantes para tratar de justificar la fraudulenta @@sentencia@@ de USD $9.500 millones emitida por una corte ecuatoriana contra Chevron. Investigaciones exhaustivas sobre cada uno de estos supuestos impactos ha demostrado que todos son falsos.

Historia de las operaciones

El primer descubrimiento comercial de petróleo en la Amazonía ecuatoriana fue en 1967, cuando un consorcio en el que Texpet fue socio minoritario, perforó su primer pozo. En 1976, un antecesor de Petroecuador, la compañía petrolera estatal de Ecuador, obtuvo una participación mayoritaria en el consorcio de 62.5 por ciento. Texpet, con 37.5 por ciento, operó las instalaciones petroleras en el área de la concesión hasta que Petroecuador asumió las operaciones en 1990 y, en 1992, Petroecuador se convirtió en el propietario exclusivo. Desde 1990, Petroecuador ha más que duplicado el número de pozos de petróleo en la zona y construyó dos refinerías, una planta de gas y 21 estaciones de producción. En su cuarto de siglo operando exclusivamente en los campos del consorcio, la compañía petrolera estatal también ha presidido un pésimo historial ambiental, derramando más de 125.000 barriles de petróleo y registrando cerca de 2.000 derrames en la región de la Amazonía solamente entre 1995 y 2011, aproximadamente tres derrames por semana durante este periodo de 17 años.

Auditorías ambientales – 1990

El acuerdo entre Texpet y Petroecuador en 1990 que transfirió todas las operaciones al Estado, requirió de una auditoría ambiental conjunta de las operaciones petroleras, la cual se llevó a cabo por auditores estadounidenses independientes. Texpet también encargó una auditoría independiente por otra firma consultora estadounidense. Ambas auditorias concluyeron que las prácticas del consorcio estaban en conformidad con las prácticas típicas operacionales y que las operaciones de Texpet cumplían con las leyes ecuatorianas, las regulaciones y prácticas de la industria. Ambas auditorías determinaron que existían algunos impactos ambientales que se habían producido en el marco de las operaciones petroleras, y estimaron que los costos de remediación alcanzaría entre USD $15 millones y hasta USD $18 millones.

Remediación y acuerdos de liquidación – 1994 - 1998

Basado en los resultados de las auditorías, el Ministerio de Energía y Minas, Petroecuador y Texpet firmaron un Memorando de Entendimiento en 1994 que estableció el alcance de los trabajos de remediación. En 1995, Texpet y Petroecuador firmaron un Acuerdo de Trabajo que requería que Texpet remediara una parte de los pozos de petróleo en consonancia con su participación minoritaria en el consorcio. Ajustándose a estos acuerdos, Texpet remedió 67 áreas de derrame y 162 piscinas. Los métodos y estándares de la remediación fueron los acordados con el Gobierno de Ecuador, y la remediación fue por supervisada y verificada por inspectores del gobierno. Los inspectores del gobierno evaluaron el trabajo realizado por Texpet en cada sitio, emitieron órdenes de trabajo donde identificaban que trabajo adicional era necesario y emitieron aprobaciones que certificaron el trabajo realizado en cada sitio completado. El costo total de la remediación, incluyendo mejoras en la infraestructura y contribuciones socioeconómicas, fue de USD $40 millones. El 30 de septiembre de 1998, Petroecuador y el gobierno de Ecuador firmaron un acuerdo de liberación liberando oficialmente a Texpet de todo reclamo y obligación.

La demanda fraudulenta contra Chevron – 2003 en adelante

A pesar de los acuerdos de liberación, en 2003 se presentó en Lago Agrio, Ecuador una demanda contra Chevron, empresa que se había convertido en la matriz de Texpet a través de la adquisición en el 2001. La demanda asegura que Chevron es responsable de supuestos impactos ambientales y a la salud como resultado de las operaciones de Texpet. En el 2011, la Corte de Lago Agrio encontró a Chevron responsable y la sentenció a pagar USD $18 mil millones en @@remediación ambiental@@ y daños punitivos, una @@sentencia@@ que más tarde se redujo a USD $9,5 millones por decisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. En marzo de 2014, la Corte Federal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, concluyó que la @@sentencia@@ ecuatoriana fue obtenida por medio de fraude y chantaje, dirigida por el abogado de los demandantes, Steven Donziger, encontrándola no ejecutable en Estados Unidos.

A pesar de la extensiva evidencia de fraude, chantaje, redacción clandestina de la sentencia, extorsión, y colusión para asegurar la @@sentencia@@ ecuatoriana, el equipo de Donziger, sus seguidores y líderes políticos de Ecuador continúan promoviendo la @@sentencia@@ y los argumentos en los que se basan.

Reclamaciones de los demandantes y respuesta de Chevron.

Los reclamos de cáncer

La demanda de 2003 afirmaba que "La tasa de mortalidad en las comunidades expuestas a la contaminación por petróleo, es más alto que el promedio nacional. La incidencia de cáncer es tres veces más alta que el promedio nacional y cinco veces mayor que el promedio de las provincias amazónicas". La fuente de estos datos no fue provista, y resultaron ser falsos. Durante el transcurso del juicio, los demandantes admitieron en privado que “NO tenemos registros médicos” para sustentar sus reclamaciones de cáncer, pero aun así calcularon una cantidad de “excesivas muertes por cáncer” basados en una encuesta conducida por ellos mismos en la que las personas auto reportaron cáncer. En esa encuesta, calcularon incorrectamente que ocurrieron 1.401 muertes por cáncer durante las operaciones de Texpet. El mismo epidemiólogo de los demandantes dijo que su método “tenía poca validez”, y que sus “cálculos de casos excesivos (de cáncer) es incorrecto”. Esta falsa cifra ha sido repetida en la prensa, incluso después de que la persona que originalmente reportó estas cifras, Douglas Beltman de Stratus Consulting, admitió que no tenían ningún mérito científico.

Además, Chevron solicitó a los epidemiólogos evaluar las estadísticas oficiales de cáncer del gobierno ecuatoriano para determinar si la tasa de mortalidad por cáncer era mayor en las zonas productoras de petróleo que en el resto del país. Utilizando las cifras de mortalidad por cáncer publicados en el censo de Ecuador, un estudio realizado en el 2008 concluyó que "utilizando la concentración de pozos petroleros a nivel regional como variable sustituta para la exposición, no se registraron aumentos estadísticamente significativos en las tasas de cáncer en los cantones [zonas] con altas concentraciones de pozos petroleros frente a aquellos con bajas concentraciones o sin pozos". Un segundo estudio epidemiológico fue realizado en el 2013, y su autor, Dr. Moolgavkar, concluyó que “la evidencia epidemiológica disponible no sustenta que exista una asociación estadística, por no hablar de una relación causal, de resultados adversos a la salud humana con exposición ambiental al petróleo de las actividades de exploración y producción de petróleo”.

Población indígena

La demanda de 2003 afirma que las operaciones de Texpet fueron "especialmente devastadoras para cinco grupos indígenas," los Cofán, Siona, Secoya, Huaorani y Kichwa, quienes vivían en la zona de explotación petrolera. Esa reclamación fue ampliada por Steven Donziger, quien incorrectamente afirmó que "un grupo de ellos, los Cofanes, ha visto descender su población de 15.000 en 1970 a unos 800 en la actualidad".

Para evaluar esta reclamación, Chevron solicitó al antropólogo Robert Wasserstrom investigar los grupos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Lo que encontró (aquí, aquí y aquí) fue que, en la década de 1960, antes que Texpet iniciara operaciones en Ecuador, el primer conteo sistemático del pueblo Cofán fijó su población en 580 personas, no 15.000. En el año 2000, luego de que Texpet se retiró de Ecuador, el primer censo ecuatoriano que contó específicamente a la población indígena por etnicidad, reportó 1,044 Cofánes, un incremento en la población Confán. De acuerdo al censo ecuatoriano y a las múltiples fuentes independientes, la población de los cinco grupos indígenas ha incrementado desde que Texpet inició sus operaciones en Ecuador.

Deforestación

La demanda de 2003 afirma que las operaciones de Texpet resultaron en una deforestación masiva en el área del antiguo consorcio. Los científicos y demás expertos que investigaron esta acusación, concluyeron (aquí y aquí) que la deforestación en esta parte de la Amazonía ha resultado directamente de las políticas agrícolas y de asentamiento del gobierno ecuatoriano, y no de las operaciones de Texpet. El gobierno aprovechó el descubrimiento de petróleo para acelerar la ya retrasada seguridad nacional y el desarrollo del sueño de "colonizar " su región amazónica. Ordenó al consorcio construir vías de acceso público, reubicó a miles de agricultores que se encontraban en la pobreza y a sus familias en tierras "desocupadas" en la zona, y requirió que los colonos limpiaran el bosque y crearan tierras de pastoreo en sus esfuerzos para expandir la agricultura hacia el noreste de la Amazonía.

Daños ecológicos

Donziger y su equipo han afirmado que las operaciones de Texpet en Ecuador resultaron en un "Chernobyl en la Amazonía”. Para investigar estas reclamaciones, Chevron acudió a biólogos en el 2008 para que evaluaran el impacto de las actividades petroleras en la diversidad biológica. Un estudio comparando las zonas boscosas cerca de los antiguos campos de Texpet y las áreas boscosas sin pozos, encontró que no había diferencias ecológicas significativas. Los autores concluyeron que el historial del desarrollo de petróleo, por sí sola, no afecta la abundancia y diversidad de los recursos biológicos en esta área. Otros expertos llevaron a cabo encuestas ecológicas de arroyos y sedimentos en los campos para evaluar cualquier impacto ecológico de petróleo y metales en esas áreas.

Evaluación de riesgos a la salud

Como parte de la demanda de 2003, los demandantes alegaron que los residentes de la zona de las antiguas operaciones estaban tomando agua contaminada y expuesta a suelos contaminados por las operaciones de Texpet. Un equipo internacional de expertos en remediación, muestreo, recursos de agua y evaluación de riesgo, se refirieron a estos reclamos durantes el juicio de Lago Agrio. Se tomaron muestras de agua superficial en 175 puntos de muestra y 173 cumplieron con los límites de metales y petróleo en el agua potable establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (USEPA). Las únicas dos muestras que no cumplieron con estos estándares fueron tomadas de sitios donde Petroecuador tuvo una filtración o derrame significativo.

De igual forma, muestras de agua potable se obtuvieron de 221 fuentes de aguay 220 cumplieron los límites de metales y petróleo en el agua potable de la OMS y la USEPA. Esos mismos estudios (aquí y aquí) concluyeron que el 79 por ciento de las muestras de agua potable contenían E. Coli (Coliformes Fecales), indicando la falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales y la falta de cloro en el agua de pozos. No se detectó ninguna contaminación en aguas subterráneas por causa de petróleo.

Durante el juicio, 47 pozos remediados por Texpet fueron muestreados por expertos elegidos por la corte. Esas muestras indicaron que 46 de los 47 pozos cumplieron con el criterio de remediación correspondiente a la época en que se implementó la limpieza. El pozo restante había sido examinado previamente en 1997 al momento de la remediación, y el muestreo en ese momento indicó que el pozo remediado cumplía con los estándares requeridos para la limpieza de suelo.

Los mismos resultados fueron encontrados una y otra vez por los expertos de los demandantes de Lago Agrio. Su primer grupo de expertos, Charles Calmbacher y David Russell (aquí y aquí) concluyeron que “no había evidencia de efectos generalizados de salud causados por contaminación petrolera de Texaco, y que no había evidencia de agua potable contaminada con petróleo de las operaciones de Texaco”. El segundo grupo de expertos de los demandantes llegaron a la misma conclusión. Douglas Beltman, quien trabajaba anteriormente en Stratus Consulting, testificó que “ninguna de las muestras de agua potable que he visto han excedido las regulaciones de compuestos químicos en el agua por operaciones petroleras establecidos o los estándares de la OMS y la USEPA, por no hablar exclusivamente de las operaciones de Texpet”.

Casi 1.300 muestras de suelo, sedimentos y agua fueron recolectadas por los expertos elegidos por la corte de ambas partes durante el juicio. Los resultados de estas muestras se utilizaron para realizar una evaluación cuantitativa que mostró que no había riesgo para la salud humana derivado de las operaciones de Texpet. La metodología utilizada era consistente con los procesos estándares de evaluación de riesgo en los EE. UU y Europa.

Conclusiones

Chevron ha sido forzada a responder a múltiples reclamaciones por daños ambientales a pesar de los esfuerzos de Texpet durante seis años para salir de manera ordenada del consorcio ecuatoriano, y a pesar de haber realizado una remediación de $40 millones de dólares, la cual fue supervisada y aprobada por el gobierno ecuatoriano y que liberaba a la empresa de toda obligación en Ecuador. Para cada una de las reclamaciones ambientales, como se indicó anteriormente, hay evidencia científica que demuestra claramente que las afirmaciones por daños en Ecuador de los abogados de los demandantes y de sus seguidores no tienen fundamento.