Ecuador Internacional

Repsol afronta un arbitraje contra Ecuador por más de 200 millones

Repsol reclama a Ecuador al menos 250 millones de dólares -210 millones de euros al tipo de cambio actual- por desavenencias con la presión fiscal aplicada por el país en los últimos años.

El Economista - Tomás Díaz 17/05/2018

Foto: El Economista

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Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sociedad participada en un 29,6% por Repsol, presentó el pasado mes de marzo una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador en la ONU, en la que reclama al país al menos 250 millones de dólares -210 millones de euros al tipo de cambio actual- por desavenencias con la presión fiscal aplicada por el país en los últimos años. Repsol no comenta el caso y considera "nulo" el valor de su inversión allí.

OCP es la propietaria de un oleoducto de crudos pesados que, con 485 kilómetros de longitud, conecta la Amazonia con la costa del Pacífico. En su accionariado también figuran, además de Repsol, otras petroleras, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco o la norteamericana Occidental Petroleum.

La documentación remitida por la compañía presidida por Antonio Brufau a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) da noticia de la presentación del arbitraje, relativo al tratamiento de la deuda fiscal subordinada emitida para la financiación de las operaciones de OCP. La reclamación se ha presentado ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por sus siglas en inglés), organismo en el que la resolución de este tipo de pleitos suele prolongarse de un año y medio a tres años.

Repsol, por medio de OCP u otras filiales, mantiene varios conflictos con el fisco ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI). De acuerdo con los datos de OCP, entre 2003 y 2015 sus obligaciones y pagos a Ecuador suman más de 378 millones de dólares.

Destitución de jueces

En el pleito referido a la deuda subordinada, OCP ya obtuvo un fallo favorable de la Corte Nacional de Justicia en 2013, pero el Gobierno apeló a la Corte Constitucional y destituyó a los jueces firmantes de la sentencia, argumentando que habían incurrido en un "error inexcusable". En aquel entonces, Carlos Marx Carrasco, director del SRI, evaluó el litigio en 252,3 millones de dólares.

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