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Tres instancias de control investigan al Consejo de Participación Ciudadana
Para María Gabriela Alvear, coordinadora de Diálogo Diverso, es una demostración de que se trata de un Consejo que nació con vicios de legalidad y legitimidad, por lo que a la larga debería desaparecer.
La Hora 15/07/2019
CONSEJO. Cuatro de siete autoridades son investigados en diferentes organismos. Foto: La Hora
La Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Asamblea son las instancias donde se investiga de una u otra manera al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs, ver recuadros). Específicamente los que están inmersos en estos procesos son los consejeros de mayoría: Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y José Carlos Tuárez.
Para María Gabriela Alvear, coordinadora de Diálogo Diverso, es una demostración de que se trata de un Consejo que nació con vicios de legalidad y legitimidad, por lo que a la larga debería desaparecer. “El Consejo de Participación Ciudadana tiene problemas internos, una pésima administración, una pésima gestión anterior, un pésimo inicio de gestión y se requiere un cambio”, manifestó.
Por su parte, el constitucionalista José Chalco afirma que la Contraloría es quien investigará responsabilidades administrativas; la Fiscalía responsabilidades penales y la Asamblea responsabilidades políticas.
Chalco manifiesta que el efecto inmediato de un juicio político sería la destitución de las autoridades. Pero aclara que las causales deben estar bien identificadas y ajustadas en la Constitución, ya que no se puede motivar una interpelación con base en presuntos documentos falsos para la presentación de candidatura, que sería más bien de investigación en el ámbito penal.
El especialista asegura que un motivo sólido para una posible censura y destitución es que el Consejo nombró una comisión para que revise el proceso administrativo de selección de la Corte Constitucional. “Este sí es un acto inconstitucional, una causal para el juicio político porque está violando un dictamen que estableció la Corte, en virtud del cual el Consejo de Participación no goza ni tiene competencias extraordinarias como tuvo el Transitorio”, manifestó.
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