El Defensor del Pueblo hace activismo con el coronavirus

“Si no fuera porque todavía no es candidato a nada, cualquier inocente observador podría pensar que está corriendo en una agitada campaña electoral”

Foto: 4 Pelagatos

La crisis del coronavirus ha terminado de destruir la economía del país; pero, al mismo tiempo, ha servido para que ciertos funcionarios apuntalen una imagen política basándose en fotos y videos en los que aparecen como proto héroes repartiendo alimentos, mascarillas y guantes o lanzando, en medios y redes, llamados populistas para que el Gobierno financie determinadas actividades con un dinero que, en realidad, solo existe en su imaginación.

Entre esos casos está el de Freddy Carrión, Defensor del Pueblo. Si no fuera porque todavía no es candidato a nada, cualquier inocente observador podría pensar que está corriendo en una agitada campaña electoral. No hay causa que luzca popular a la que no se adhiera Carrión, ya sea directamente o haciendo eco, en sus redes, a determinados sectores políticos. No se le escapa la oportunidad de hacerse fotos en cualquier escena en la que pueda aparecer en persona entregando ayuda a sectores vulnerables, visitando remotos lugares o haciendo llamados al gobierno para que entregue recursos.

Carrión con la crisis del coronavirus, evidentemente, está replicando lo que hizo en octubre cuando, aprovechándose de sus funciones y del aparato burocrático de la Defensoría, promocionó su imagen tratando de proyectarse como simpatizante de protestantes y golpistas, así como enemigo del Gobierno ya sea distorsionando hechos o inflando cifras de supuestas muertes que luego se descubrió no habían ocurrido o no tenían relación con la represión oficial.

En los mensajes y las actividades de Carrión abundan los gestos más obvios y fútiles, como los exhortos que formula, a nombre de la Defensoría, para que el gobierno haga cosas obvias pero que, dada la realidad por la que atraviesa el país, solo son enunciados quiméricos y demagógicos: que no se recorte el presupuesto de las universidades públicas por el prurito de respetar la Constitución cuando en realidad no hay dinero para ello. Que el Gobierno no despida funcionarios públicos. Que los empresarios no liquiden a sus empleados, asumiendo que sus ingresos son los mismos que los que tenían antes de la crisis. El 1 de mayo la Defensoría publicó una larga proclama de dos páginas en la cual exigió al gobierno intervenir en la decisión de los dueños de determinadas empresas obligadas a despedir empleados e impedir que los empleadores carguen a las vacaciones de sus empleados los días que por obligación pararon sus actividades. La Defensoría exhortó, incluso, al Gobierno a que «cumpla su deber de garantizar el derecho al trabajo como uno de los sustentos del Buen Vivir»; revelándose así incapaz de observar el evidente entorno donde es físicamente imposible cumplir con los supuestos de felicidad y armonía que imponía el espíritu de abundancia y eterna prosperidad en el que se parió la Constitución de Montecristi.

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