Caso Chevron
La Corte Suprema holandesa se pone del lado de Chevron
En una decisión dictada el 12 de abril, la Corte Suprema de Holanda se negó a ir en contra de la resolución de una corte de primera instancia que estableció que los cinco laudos no infringían el orden público holandés.
Global Arbitration Review 22/04/2019
Mientras Ecuador apela un laudo de la CNUDMI que lo declaró responsable por negarle justicia a Chevron en una disputa sobre contaminación ambiental en la Amazonia, la Corte Suprema holandesa ha confirmado una serie de laudos anteriores emitidos en el mismo arbitraje de alto perfil.
En una decisión dictada el 12 de abril, la Corte Suprema de Holanda se negó a ir en contra de la resolución de una corte de primera instancia que estableció que los cinco laudos no infringían el orden público holandés ni los derechos de los ciudadanos ecuatorianos que no eran partes en el arbitraje. Hasta ahora, la decisión solo está disponible en holandés.
En los procedimientos holandeses, Chevron se puso en manos de NautaDutilh y Bureau Brandeis, mientras que Ecuador estuvo representado por De Brauw Blackstone Westbroek. En el arbitraje, la compañía petrolera está utilizando a King & Spalding y Three Crowns, mientras que Ecuador está representado por un equipo de abogados que incluye a Winston & Strawn y Dechert.
Ecuador había tratado de impugnar los laudos provisionales y parciales dictados en 2012 y 2013 por un tribunal de la CNUDMI con sede en La Haya y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje. VV Veeder QC del Reino Unido preside el tribunal, que incluye al argentino Horacio Grigera Naón y a Vaughan Lowe QC del Reino Unido como árbitros conjuntos.
La disputa se relaciona con una @@sentencia@@ de 2011 de un tribunal en la región de Lago Agrio de Ecuador que ordenó a Chevron pagar $9.500 millones a un grupo de demandantes ecuatorianos indígenas en compensación por la contaminación ambiental en el Amazonas. Texaco (que fue adquirida por Chevron en 2000) había operado en el país en asociación con la entidad estatal Petroecuador entre 1964 y 1992, pero argumentó que ya había llevado a cabo una limpieza del área y que el gobierno la había liberado de mayores responsabilidades.
En septiembre pasado, el tribunal de la CNUDMI confirmó por unanimidad las reclamaciones de Chevron en las que sostenía que la @@sentencia@@ de Lago Agrio se había obtenido mediante fraude y que partes sustanciales de ella fueron escritas clandestinamente por uno o más de los representantes de los demandantes ecuatorianos.
El tribunal resolvió que Ecuador había incurrido en denegación de justicia en virtud del derecho internacional consuetudinario y del @@tratado bilateral de inversiones@@ entre Estados Unidos y Ecuador. Dictaminó que la @@sentencia@@ de Lago Agrio no debía ser reconocida ni ejecutada por las cortes de otros estados, y que Ecuador tendría que pagar un resarcimiento a Chevron si la @@sentencia@@ fuera ejecutada en cualquier parte.
Antes de esa decisión, el tribunal había emitido una serie de resoluciones a favor de Chevron, incluidos un par de laudos provisionales en 2012 que otorgaban medidas provisionales que requerían que Ecuador “tomara todas las medidas necesarias” para suspender la ejecución de la @@sentencia@@ de Lago Agrio mientras el arbitraje estuviera pendiente.
El tribunal confirmó la competencia sobre la disputa en un laudo provisional en 2012. Al año siguiente emitió un cuarto laudo en el que se determinó que Ecuador había incumplido los dos primeros al no intervenir en las acciones de ejecución presentadas por los demandantes de Lago Agrio en Canadá, Brasil y Argentina.
Emitió su quinto laudo más tarde en 2013, sosteniendo que los acuerdos firmados por Ecuador y Texaco en la década de 1990 liberaron a la petrolera de la responsabilidad ambiental por acusaciones “difusas” planteadas por el Estado o por terceros en aras del interés público, pero no por reclamaciones presentadas por individuos por daños personales.
Ecuador apeló los cinco laudos en la Corte de Distrito de La Haya, alegando que no existía un acuerdo de arbitraje válido y que el tribunal se había extralimitado en sus facultades y había infringido el orden público. La corte rechazó la apelación en 2016.
La Corte de Apelaciones de La Haya confirmó esa decisión en 2017 al considerar que las medidas provisionales ordenadas por el tribunal eran necesarias para permitirle evaluar la controversia. Si bien las medidas afectaron los derechos de los demandantes de Lago Agrio al ordenar la suspensión de la ejecución de la @@sentencia@@ de $9.500 millones, la corte holandesa concluyó que, dadas las circunstancias, no eran contrarias al orden público.
En la última decisión, la Corte Suprema de Holanda concluyó que la Corte de Apelaciones no había malinterpretado ninguna norma jurídica y que su resolución estaba debidamente fundada.
Otros fundamentos de apelación de Ecuador fueron rechazados, y la Corte Suprema manifestó que no requerían más explicaciones.
En un comunicado de prensa de ayer, el vicepresidente y director jurídico de Chevron, R Hewitt Pate, dijo que la última decisión holandesa “pone fin” al argumento de Ecuador de que no debía cumplir con los laudos de la CNUDMI a la espera del resultado de los procedimientos de anulación.
“El más alto tribunal de Holanda confirmó que la República del Ecuador está obligada, conforme al derecho internacional, a impedir la ejecución de la fraudulenta Sentencia ecuatoriana contra Chevron en cualquier parte del mundo”, expresó.
Ecuador sigue intentando apelar en los tribunales holandeses el laudo de 2018 de la corte de la CNUDMI sobre responsabilidad. El tribunal aún no ha dictado un laudo definitivo sobre los daños y perjuicios adeudados a Chevron.
El 4 de abril, la Corte Suprema canadiense también se negó a conceder a los demandantes de Lago Agrio la posibilidad de apelar un fallo de 2018 que les había impedido ejecutar su @@sentencia@@ de $9.500 millones contra la subsidiaria canadiense indirecta de Chevron. Los intentos por hacer cumplir la @@sentencia@@ de Lago Agrio en Brasil y Argentina también han fracasado.
Chevron también obtuvo una @@sentencia@@ de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York en 2014, que concluyó que el abogado principal de los demandantes de Lago Agrio, Steven Donziger, y otros habían infringido la ley estadounidense contra el crimen organizado (RICO) y habían obtenido la @@sentencia@@ de $9.500 millones mediante soborno, extorsión, lavado de dinero, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. El Segundo Circuito confirmó la @@sentencia@@ dos años más tarde.
A raíz del fallo RICO, Donziger fue suspendido de ejercer como abogado en Nueva York y Washington, DC. Chevron también está procurando el encarcelamiento de Donziger por desacato a la corte a raíz de su intento de vender la participación en la @@sentencia@@ de Lago Agrio a un financiador de litigios y por su negativa a entregar los registros para la inspección forense.
Chevron, representada por Gibson Dunn & Crutcher, pidió recientemente a la corte de distrito de Nueva York que impusiera sanciones coercitivas a Donziger, con la posibilidad de que el encarcelamiento sea la “única sanción eficaz” en vistas de sus afirmaciones de que es incapaz de pagar las sentencias monetarias dictadas en su contra.
En respuesta a las mociones de desacato del 8 de abril, Donziger dice que el proceso es “claramente abusivo” y que la corte estadounidense está permitiendo que Chevron “lleve a cabo una campaña masiva de petición invasiva de pruebas” contra “activistas de derechos humanos y financiadores que buscan responsabilizar a Chevron por la contaminación provocada en Ecuador”.
Donziger sostiene que no ha habido ningún cobro de los “ingresos” de la @@sentencia@@ ecuatoriana que pudiera involucrar la orden judicial basada en la ley RICO. También manifiesta que no hay bases para permitir un pedido de pruebas “constitucionalmente problemático” que, según él, está siendo utilizado por Chevron como “un arma de intimidación”.
El abogado también asevera que es su “obligación ética” no entregar su computadora, teléfono y contraseñas hasta que pueda “acceder una revisión de apelación de la legitimidad de los fundamentos de este proceso”.
El pasado septiembre, Donziger también presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la demanda basada en la ley RICO y su suspensión en el ejercicio de su profesión.
Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí
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